En México la justicia es muy cara y solo tiene acceso a un juez quien puede contratar un abogado o puede hacer filas, a veces interminables, en las defensorías de oficio; por lo tanto, su acceso es elitista, en muchas ocasiones en hasta humillante por las resoluciones que toma; es lenta, inaccesible, inentendible, clasista, racista y, en general, actúa con corrupción y mucha parcialidad, afirmó la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, al participar en el foro nacional sobre la Reforma Judicial de la tercera circunscripción, denominado "Justicia para Todos, reforma al Poder Judicial, una Deuda Histórica".
En el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), en Ciudad Universitaria, manifestó que el Poder Judicial es oneroso porque cuesta al año más de 78 mil millones de pesos.
“Tan solo la Suprema Corte cuesta 5 mil 787 millones de pesos, el Consejo de la Judicatura federal, incluyendo, a los juzgados de distrito, a los tribunales colegiados de circuito, a los tribunales colegiados de alzada, nos están costando 68 mil 917 millones de pesos y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nos cuesta 3 mil 622 millones de pesos”.
Destacó que este gasto equivale al presupuesto de seis secretarías de Estado, entre ellas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los tribunales agrarios.
“Si comparamos este gasto de la Suprema Corte con lo que cuestan otro tribunales constitucionales o supremos de otros lugares del mundo, encontramos que la Corte Suprema de Estados Unidos tiene un gasto del 37 por ciento de lo que nos cuesta a nosotros la SCJN; el Tribunal Constitucional de España, el 13 por ciento; la Corte Suprema de Canadá, el 15 por ciento; el Tribunal Constitucional de Alemania, el 14 por ciento; la Corte Constitucional de Colombia y el Tribunal Constitucional de Perú costaron 3 por ciento de lo que nos costó a nosotros la Suprema Corte”.
En presencia de legisladores, abogados, asociaciones civiles y público en general, señaló que el Poder Judicial de la Federación tiene el costo de nómina más alto de todo el país.
“Solamente para dar una muestra el costo de un ministro al año es de 7 millones 141 mil 217 pesos, frente a lo que debería costar porque este es el tope que establece el artículo 127 de nuestra Constitución, que es el salario máximo que puede tener un servidor público que es de 2 millones 730 mil 88 pesos, que es lo que cobra el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador”.
La Maestra en Derecho Penal por la Universidad Humanitas, añadió que los ministros cuentan con prestaciones como seguros privados, seguro de gastos médicos mayores y el seguro de separación; además de un pago por riesgo de 416 mil pesos; así como prestaciones adicionales anuales por conceptos como pago de defunción, ayuda de gastos funerarios, apoyo de comedor, apoyo de anteojos, gastos de alimentación, gasolina, teléfono celular, medicamentos no cubiertos por el seguro, capacitación y becas, “por lo que perciben más de un millón de pesos por encima de su sueldo y todavía cuentan con 14 fideicomisos que suman un saldo al 30 de marzo pasado de 23 mil 276 millones de pesos”.
La ministra Batres Guadarrama destacó que, ante esta realidad, lo deseable es tener un Poder Judicial de la Federación sometido a controles para que deje de ser abusivo. “Sometido al control democrático que significaría la elección de jueces, magistrados y ministros, porque esta elección es la única que nos puede permitir saber quiénes son y opinar quiénes deben ser, opinar; conocer sus trayectorias e impedir que sigan como jueces algunos que se han destacado por procurar impunidad más que justicia, algunos jueces que no les interesa resolver rápidamente los problemas que se someten a su competencia; la elección de jueces es la única que nos puede permitir el escrutinio público e, incluso, que puedan comparecer ante otros poderes, porque actualmente el Poder Judicial no le rinde cuentas absolutamente a nadie”.
Sostuvo que se requiere control administrativo para que rindan cuentas, actúen con transparencia, así como para que sancionen, por ejemplo, cuando haya rezago en las resoluciones, pero también que se sancione la corrupción, el prevaricato para que no tuerzan la ley.
“Necesitamos límites al alcance de la interpretación, pues el Poder Judicial no puede suplantar al Poder Legislativo, no puede faltarles el respeto a los poderes democráticamente electos en nuestro país; necesitamos también control jurisdiccional para que se reparen no solamente los daños como obligación del Estado, sino que se sancione a los jueces que vulneren las normas.
“Necesitamos, asimismo, controles financieros, que pueda haber auditorías, fundamentalmente externas, porque no es posible seguir validando este criterio que tiene actualmente la Suprema Corte de que la Auditoría Superior de la Federación no puede auditarla; tiene que ser auditable y, además, tiene también la obligación de cumplir las medidas de austeridad que cumplen los demás poderes, porque hay una ley que también lo obliga y no han querido cumplir, como tampoco han dado cumplimiento a su obligación de imponer límites a las remuneraciones constitucionales”.
Expresó que algunos quieren hacer creer que cuando la gente ejerce democráticamente sus decisiones, se presenta algún tipo de tiranía de las mayorías, “pero nosotros decimos que no, que incluso la única forma en que no se ejerce una tiranía es justamente a través del método democrático, porque cuando todos votamos es el único momento en que cada uno de nosotros somos iguales frente a los demás, porque el voto de la persona más rica de este país vale exactamente lo mismo que el voto de la persona más pobre; la democracia es la única que nos mira como iguales, por eso la democracia no es tiránica y por eso creemos que es el mejor método para decidir quiénes deben ser jueces, magistrados y ministros en nuestro país”.
“Solamente para dar una muestra el costo de un ministro al año es de 7 millones 141 mil 217 pesos".
Lenia Batres Guadarrama, ministra de la SCJN
Enorme gasto
- El Poder Judicial cuesta al año más de 78 mil millones de pesos.
Este gasto equivale al presupuesto de seis secretarías de Estado, entre ellas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los tribunales agrarios.
