Luis Ignacio Velásquez
La diputada por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Yesenia Nolasco Ramírez presentó una iniciativa de reforma constitucional a fin de que el Congreso pueda remover de su cargo al fiscal general del estado, el fiscal especializado en delitos electorales y el fiscal especial en materia de combate a la corrupción.
La iniciativa presentada señala que el Fiscal General del Estado de Oaxaca dejará de ejercer su cargo por renuncia o podrá ser removido por el Ejecutivo o el Congreso por causales de responsabilidad en los casos previstos en la Constitución y la ley.
La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes del Congreso del Estado dentro de un plazo de 10 días hábiles, en cuyo caso el fiscal general del estado será restituido en el ejercicio de sus funciones.
Si el Congreso no se pronunciara al respecto, se entenderá que no existe objeción.
La ex presidente municipal de Santo Domingo Tehuantepec, que recibió observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por no comprobar 58 millones 796 mil pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territorial del Distrito Federal en el ejercicio fiscal 2018, en su iniciativa manifiesta que en el caso de la remoción del fiscal general, la Constitución local establece que dejará de ejercer su cargo por renuncia o podrá ser removido por el Ejecutivo por causales de responsabilidad y la remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes del Congreso estatal.
“La presente reforma pretende modificar, en el marco de la libertad configurativa de nuestra legislatura, la forma de remoción del fiscal general, ateniendo principalmente a la necesidad urgente de procurar justicia a la ciudadanía. En un estado donde impera la desigualdad y la impunidad, pretender seguir teniendo una fiscalía sin autonomía frente al Ejecutivo es seguir reproduciendo la falta de resultados en la investigación de delitos, la simulación, los excesos y las violaciones a los derechos humanos”.
Apunta que la procuración de justicia se sigue administrando con criterios políticos, depender del Poder Ejecutivo permite la corrupción, la opacidad y el uso discrecional en la investigación de los delitos y de la procuración de justicia en nuestro estado.
