Citlalli López Velázquez
Al dolor de la desaparición de Ángela Sánchez Cruz, su familia se vio obligada al desplazamiento forzado. Desde hace varios meses vive en el exilio frente a las amenazas por buscarla y exigir justicia.
“Toda la familia ha sido amenazada, hemos sido desplazados prácticamente. No tenemos apoyo del gobierno, de ninguna institución, la Fiscalía se niega a hacer investigaciones y hasta el momento no hay ningún avance”, explica una de sus familiares quien ante la impunidad que existe en el estado de Oaxaca, tiene que esconder su identidad.
Ángela era propietaria del negocio “Tacos y Pozoles Angelita”, ubicado en Avenida Hornos, frente a Bodega Aurrerá en el municipio de Santa Lucía del Camino. El 18 de mayo de 2020 cuatro sujetos armados ingresaron a su local, se identificaron como personal de la Fiscalía y se la llevaron. Desde entonces no se sabe nada de su paradero.
“Llevamos buscándola desde el 18 de mayo de 2020. Hasta el día de hoy no tenemos ninguna actividad realizada por parte de la Comisión Estatal de Búsqueda. Hace 4 meses realizaron un mapeo por la Comisión Nacional de Búsqueda, quedaron de regresar en cuatro meses, pero a la fecha no han hecho nada, no se nos ha informado nada, ambas comisiones se tirar la bolita”, afirma.
A través de la recopilación hemerográfica la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos reportó que de 2016 a 2019, 62 mil 655 nuevas personas abandonaron sus hogares por desplazamiento en 106 episodios.
De los 106 episodios en 45 se informó de la presencia de mujeres, en de 66 familias, en 59 niñas y niños, en 29 personas adultas mayores, en 27 hombres, 11 jóvenes y en 10 mujeres embarazadas.
Dentro de las entidades con mayor cantidad de eventos de desplazamiento forzado está Guerrero con 35, Chiapas con 20, Sinaloa con 19, Michoacán con 9 y Oaxaca con 8, en el lapso antes mencionado.
Para las familias de las personas desplazadas la búsqueda ha sido más complicada y viven en constante temor a correr con la misma suerte debido a que las instancias de procuración y administración de justicia no considera el riesgo que las envuelve.
