El Comité de Defensa de los Trabajadores de la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca (DDHPO), despedidos en junio pasado, denunció que el órgano autónomo, encabezado por Elizabeth Lara Rodríguez, ha victimizado y revictimizado una y otra vez a los afectados, porque se niega al diálogo y a justificar su cese.
Un portavoz informó que la directora administrativa, Rosa Catalina del Castillo Rosas, justificó su despido porque sus contratos no se renovarían debido a las deudas económicas dejadas por la administración anterior.
Trabajadores de la defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de #Oaxaca denunciaron el despido injustificado de 20 colaboradores por parte de la actual titular. pic.twitter.com/aM317Aosbs
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Sin embargo, explicó que el Congreso del Estado otorgó este año un presupuesto financiero a la DDHPO de 41 millones 600 mil pesos.
“Además existe información de que están contratando nuevo personal con mejores salarios, también están adquiriendo bienes materiales y tecnológicos, así como otorgando viáticos para comisiones que diariamente realizan sus mandos superiores”, asentó.
Detalló que los trabajadores despedidos agotaron las audiencias de conciliación en la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, pero el representante de la titular de la DDHPO, Adán Ojeda Alcalá, no presentó propuesta alguna o alternativas de solución.
Alegan que no hubo una causa justificada para dichos despidos. pic.twitter.com/0ulPEojL5h
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“Solamente se limitó a decir que sus instrucciones consistían en que no tienen recursos y que tardarían tiempo en conseguirlos, mostrando con ello una práctica dilatoria y falta de voluntad de la titular para resolver este conflicto laboral, violentando aún más nuestros derechos como ex trabajadores”, añadió.
Mencionó que los trabajadores despedidos propusieron la venta del vehículo de lujo donde se traslada la titular y utiliza para su uso personal, así como la venta de otros bienes o de los mismos viáticos, porque el monto total de lo exigido conforme a la ley no supera los 670 mil pesos.
Además, subrayó que el órgano autónomo ha revictimizado a los trabajadores despedidos al violar sus derechos laborales, al no reconocer su calidad de empleados de base, al simular la relación laboral y al no reconocer sus derechos laborales.
Ante esto, el vocero solicitó al Congreso del Estado analizar esta situación de conformidad con el título séptimo de las responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipales, Particulares vinculados con Faltas Administrativas o hechos de corrupción y patrimonial del estado, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, debido a la gravedad de las violaciones a los derechos humanos cometidos por Lara Rodríguez.
