Luis Ignacio Velásquez
Hasta noviembre de este año el gobierno de Estados Unidos deportó a 22 mil 87 oaxaqueños, por lo que no alcanzaron el tan anhelado sueño americano, de acuerdo a las estadísticas del Instituto Nacional de Migración (INM), dependiente de la Secretaría de Gobernación.
De acuerdo, a la dependencia federal del total de deportados 17 mil 558 son hombres y 4 mil 529 mujeres; de los menores de 18 años de edad 1 mil 794 son hombres y 433 mujeres.
Sin embargo, la mayoría de los migrantes oaxaqueños deportados tienen que hacer frente al regreso a su comunidad de origen sin ningún apoyo gubernamental, a pesar de que no cuentan con los recursos necesarios para el retorno, porque muchas veces se encuentran en condiciones de precariedad.
Esto aun cuando la Ley para el Reconocimiento y Atención de los Derechos de los Migrantes y sus Familias para el Estado de Oaxaca, establece que: cuando una oaxaqueña u oaxaqueño sea deportado de un país extranjero, el instituto (Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante) contribuirá con el costo de traslado de la persona a la población de origen y los ayuntamientos con un porcentaje conforme a sus posibilidades y de acuerdo a sus lineamientos.
Este ordenamiento aprobado por la 64 Legislatura, también establece la obligación de garantizar que la población atendida sea la conformada por los migrantes originarios del estado de Oaxaca, que residan en otras entidades federativas o en el extranjero, se encuentren en condiciones de tránsito o de retorno, con absoluta independencia de su situación migratoria en el extranjero.
Así como brindar asistencia en situaciones excepcionales y en los procesos de retorno o repatriación voluntaria o forzosa de personas, especialmente de menores en condiciones de orfandad o indigencia y, en general, de personas en estado de vulnerabilidad, así como, de migrantes fallecidos; brindar apoyo a las y los migrantes a través de programas y acciones que incentiven el retorno voluntario y la reunificación familiar en los lugares de origen; y combatir todas las formas de discriminación de la población objetivo, especialmente el racismo y la xenofobia, y fomentar la denuncia por estos motivos.
Además, el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante debe formular el Programa Estratégico de Atención, Protección y Apoyo a los Migrantes y sus Familias para el Estado de Oaxaca, en coordinación con las dependencias de la administración pública relacionadas con la materia, con los ayuntamientos y con la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, a partir de los objetivos, estrategias y líneas de acción para las políticas públicas en la materia establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo.
433 mujeres menores de 18 años
