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Estado Mexicano ofrece disculpa pública a profesor activista de Oaxaca

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Foto(s): Cortesía
Octavio Vélez Ascencio

En nombre del Estado mexicano, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez ofreció ayer una disculpa pública al profesor de la Sección 22 del SNTE y activista, el indígena mixe Damián Gallardo Martínez, por su detención arbitraria y la tortura sufrida durante su detención y procesamiento penal por su supuesta participación en el secuestro de unos menores de edad, ante su oposición a la reforma educativa impulsada por el ex presidente Enrique Peña Nieto.

Al encabezar el acto de reconocimiento de responsabilidad internacional para cumplir la decisión adoptada por el Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (CAT-ONU), el funcionario afirmó que el defensor de los derechos de los pueblos indígenas y de la educación fue golpeado brutalmente durante la madrugada del 18 de mayo de 2013 en su domicilio particular, localizado en esta ciudad, por agentes de la entonces Policía Federal (PF) frente a su esposa Yolanda Barranco Hernández y su menor hija.

Expresó que el indígena mixe fue posteriormente incomunicado y sometido a tortura física y psicológica a fin de autoinculparse de delitos no cometidos, para después ser trasladado a la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada de la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR), donde sufrió tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Explicó que el defensor fue acusado del secuestro de los menores de edad y de delincuencia organizada, pero sobre todo, criminalizado, estigmatizado y exhibido en medios de comunicación sin respetar sus derechos y su presunción de inocencia, para después ser remitido a la cárcel de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco y ser procesado penalmente por esos delitos.

Sin embargo, precisó que el indígena mixe fue absuelto y recuperó su libertad el 28 de diciembre de 2018, cinco años y siete meses después de su detención, por el desistimiento del propio Ministerio Público y especialmente, por la lucha intensa política, jurídica y social de un amplio movimiento social en Oaxaca y en todo el país.

Además, observó que los pronunciamientos de la CNDH, de relatorías de la ONU y del CAT-ONU concordaron sobre la detención del indígena mixe como parte de un patrón de tortura y criminalización de la protesta social, particularmente al magisterio oaxaqueño, por su resistencia a la reforma educativa de Peña Nieto.

De esta manera, ante la co-directora del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Yésica Sánchez Maya, reconoció que agentes públicos del Estado mexicano incumplieron sus obligaciones y ofreció una disculpa honesta, sincera y con convicción por las afectaciones en su vida, en su familia y en su comunidad de origen, Santa María Tlahuitoltepec, por los agravios y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como por la falta de acceso a la justicia.

A su vez, el indígena mixe recordó que fue sometido a crueles torturas para autoinculparse e involucrar a la dirección del movimiento magisterial y social de un supuesto hecho criminal, a fin de descabezar la resistencia magisterial-popular en contra de la reforma educativa de Peña Nieto.

Por esto, aceptó esta disculpa pública del Estado mexicano porque en cierta medida mitiga el daño moral ocasionado a su persona al inculparlo injustamente de un delito no cometido.

Sin embargo, dijo que mientras no se castigue a los responsables de este montaje y los perpetradores de la tortura en su contra, la disculpa ofrecida perderá sentido.

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