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Errónea imagen sobre expresidente de Perú, afirma historiador

historiador
Foto(s): Cortesía
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La decisión de Pedro Castillo de saltarse los pasos constitucionales e intentar disolver el Congreso terminó por darle una victoria a las facciones del Legislativo "antidemocráticas" e "igual de corruptas" que buscaban derrocarlo, dijo a REFORMA José Carlos Agüero, historiador y escritor peruano.

El miércoles, horas antes de que el Congreso debatiera su tercer intento para sacarlo del poder en casi año y medio de gestión, Castillo afirmó que era blanco de "un ataque sin cuartel" por parte del Parlamento y anunció su disolución, un toque de queda y dijo que gobernaría por decreto.

Sin embargo, las Fuerzas Armadas y la Policía no lo apoyaron, y el Congreso ignoró su decisión y procedió a destituirlo. Posteriormente fue detenido.

"(La alternativa) que algunos de sus seguidores esperaban era otra, tal vez un poco más digna, que era la de llamar a elecciones generales y disolver el Congreso, pero también irse él", sostuvo Agüero.

"(Pero) haciendo un golpe de Estado, perdiendo toda legitimidad y convirtiéndose por unos minutos en un dictador, que fue lo que hizo, lo que logró finalmente fue fortalecer a los grupos de poder, a los grupos de interés terriblemente corruptos y antidemocráticos o mafiosos que están en el Congreso, pero que ahora pueden mostrarse, gracias a él, como defensores de la democracia".

A decir del historiador, lo que pasó el miércoles es sólo un episodio más dentro de un "proceso de colapso institucional y social" en el que se ha embarcado Perú en los últimos años, por lo que la caída de Castillo era algo ya previsible.

Al menos seis Presidentes han desfilado por la Casa de Pizarro en los últimos seis años, después de verse forzados a renunciar o ser destituidos tras acusaciones de corrupción, fraude o tráfico de influencias.

Los Mandatarios anteriores, desde Alberto Fujimori (1990-2000) hasta Ollanta Humala (2011-2016), fueron encarcelados también por cargos de asesinato, corrupción o lavado de dinero, entre otros, salvo Alan García (2006, 2011), quien murió luego de disparase en la cabeza momentos antes de ser arrestado.

Tras unas reñidas elecciones en 2021, Castillo, un maestro rural y líder magisterial que no tenía experiencia en cargos políticos, fue elegido Mandatario frente a su rival conservadora Keiko Fujimori, hija del ex Presidente Alberto Fujimori.

Buena parte de la población peruana depositó en él una esperanza de cambio, frente a lo que pasaba en el país, y los sectores más desfavorecidos se sintieron finalmente representados.

 "No hay ninguna política social ni económica de este Gobierno que haya sido de izquierda"

Sin embargo, en la práctica, Castillo no fue distinto a los políticos tradicionales, considera Agüero. Lo que el maestro terminó haciendo fue entrar en esas pugnas por el poder, sin un programa de Gobierno, sin realmente representar a los sectores populares, y "mucho menos los ideales progresistas".

"El personaje de Pedro Castillo, aunque nos pese, no está sustentado en ideas, ni en valores, ni en principios ni en programas ni progresistas ni de centro ni derecha, en ninguna, sino en intereses", afirma el historiador.

"No hay ninguna política social ni económica de este Gobierno que haya sido de izquierda, y ningún reclamo de fondo de los del Congreso hacia este Gobierno ha sido de derecha, es un conjunto de mensajes manipuladores, de shocks informativos, de golpes y de mentiras de unos contra otros porque son rivales por el control de territorios".

A esto se debe también, según Agüero, que otros Presidentes latinoamericanos identificados como de izquierda, incluido el de México, le muestren respaldo a Castillo.

"(...) en una mirada lejana que interpreta de manera errónea" que el ex Mandatario pertenece a algún "tipo de paradigma progresista, pero no es así", sostiene.

Lo que Castillo buscaba en realidad era evitar la cárcel manteniéndose en el poder, según el historiador, algo en lo que "se parece tristemente a su contrincante" Keiko Fujimori, quien enfrenta una acusación penal y un pedido de 30 años y 10 meses de prisión por lavado de activos y otros delitos.

El maestro rural tiene abiertas seis investigaciones judiciales en su contra que involucran a Ministros, funcionarios, aliados y familiares, incluyendo a su esposa, por presunta corrupción, fraude, lavado de dinero y otras causas. Esas acusaciones facilitaron los tres intentos de destitución promovidos por las facciones opositoras en el Congreso.

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