La formación docente y la formación sindical representan dos dimensiones fundamentales de la vida profesional del magisterio. Una se orienta al desarrollo pedagógico; la otra, a la defensa colectiva de los derechos laborales. En teoría, ambas deberían complementarse. En la práctica, sin embargo, la relación entre docencia y sindicalismo suele estar atravesada por tensiones, contradicciones e incluso incongruencias difíciles de ignorar. La formación docente busca desarrollar capacidades pedagógicas, didácticas y metodológicas que permitan mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Pero también implica dimensiones más profundas: valores éticos, compromiso social, responsabilidad institucional y construcción de ciudadanía. Diversos modelos de análisis —como el propuesto por Davini, Fierro, Fortul y Rosas— señalan que la práctica docente integra múltiples dimensiones: personal, institucional, interpersonal, social, didáctica y valoral. Es decir, enseñar no es solo transmitir contenidos; es participar activamente en la formación integral de los estudiantes y en la construcción de la vida comunitaria.
La formación sindical, por su parte, tiene otra finalidad: fortalecer la organización colectiva, generar cuadros políticos, comprender el contexto del mundo del trabajo y defender los derechos laborales frente al poder institucional. El sindicalismo, particularmente en el caso del magisterio oaxaqueño, ha sido históricamente un espacio de lucha social, politización y resistencia frente a políticas educativas consideradas regresivas. El problema surge cuando ambas formaciones —la pedagógica y la sindical— dejan de dialogar entre sí. En la experiencia cotidiana del movimiento magisterial oaxaqueño (MDTEO), esta tensión aparece con frecuencia. En escenarios de lucha reivindicativa se observan proclamas radicales en defensa de la educación pública y de los derechos laborales. Sin embargo, esas mismas consignas no siempre encuentran correspondencia en la práctica docente diaria. Entonces aquí emerge una pregunta incómoda, pero necesaria.
¿Por qué un sector significativo del magisterio que exige con legítima energía el respeto a sus derechos laborales, en ocasiones reproduce prácticas que contradicen el espíritu de la profesión docente? No se generaliza ni se descalifica una trayectoria histórica de lucha. Pero la autocrítica es indispensable para cualquier movimiento que aspire a mantener legitimidad social. Existen casos —cada vez más visibles— donde el desempeño profesional entra en conflicto con el discurso sindical: docentes que cumplen sus tareas con desgano, trato distante o incluso hostil hacia estudiantes y padres de familia, resistencia sistemática a la actualización pedagógica, rechazo automático a toda forma de autoridad institucional o gestión escolar.
Cuando esto ocurre, la sociedad percibe una disonancia entre el discurso de defensa de la educación pública y la práctica cotidiana en las aulas. Pero el fenómeno no puede analizarse de manera unilateral. Las autoridades educativas también cargan una parte considerable de responsabilidad. Funcionarios ineptos o calculadores han convertido la demagogia educativa en práctica rutinaria. Prometen reformas que nunca se concretan, incumplen acuerdos laborales firmados, manipulan dirigencias sindicales o intervienen abiertamente en la vida interna de las organizaciones gremiales. No pocas veces, además, los recursos destinados al sistema educativo terminan desviados hacia otras prioridades políticas o administrativas.
La relación entre gobierno y sindicato ha estado históricamente marcada por esta lógica ambigua: negociación permanente, conflicto recurrente y soluciones parciales. A su vez, el sindicalismo tampoco está exento de prácticas que erosionan su propia legitimidad. La demagogia de algunos dirigentes, el tráfico de influencias, la corrupción interna, la venta de favores o servicios sindicales y la manipulación de las bases son vicios que han acompañado a diversas expresiones del movimiento sindical, más allá de su orientación ideológica. Estas prácticas generan lo que la sociología denomina anomia organizacional: un debilitamiento de las normas que regulan la vida colectiva. Cuando la anomia se instala, los principios que deberían equilibrar derechos y obligaciones se diluyen.
Tal vez por eso resulte pertinente recuperar una reflexión clásica del sociólogo alemán Max Weber. En su obra El político y el científico (1919), Weber propone una distinción que sigue siendo iluminadora. Para él, la actividad científica —que podríamos asociar con la labor docente— exige objetividad, disciplina intelectual y desapasionamiento. El científico analiza la realidad, la explica y ayuda a comprenderla sin imponer valores personales. La política, en cambio, pertenece al terreno de la lucha por el poder. El político actúa movido por convicciones, pero también debe asumir las consecuencias de sus actos. De ahí que Weber distinga entre dos principios éticos fundamentales: la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. La ética de la convicción se basa en principios morales firmes. Quien actúa bajo esta lógica defiende valores que considera irrenunciables, aun cuando las consecuencias puedan ser adversas. La ética de la responsabilidad, en cambio, obliga a evaluar los efectos reales de las decisiones tomadas. El político —dice Weber— debe combinar ambas.
Trasladada al terreno del magisterio, esta reflexión plantea una idea sugerente. El docente, en su práctica educativa, debería acercarse más a la lógica del científico: enseñar a pensar, analizar la realidad con rigor, formar ciudadanos críticos sin convertir el aula en tribuna ideológica. El sindicalista, en cambio, actúa inevitablemente en el terreno de la política: confronta intereses, organiza fuerzas, negocia poder y defiende derechos. El problema aparece cuando ambas esferas se confunden. El aula se convierte en espacio de agitación permanente o la práctica sindical pierde contacto con la responsabilidad pedagógica, el equilibrio se rompe.
El desafío para el magisterio oaxaqueño consiste justamente en reconstruir esa coherencia. Ser docente exige vocación ética, rigor profesional y compromiso con los estudiantes. Ser sindicalista exige conciencia política, organización colectiva y defensa firme de los derechos laborales. Ambas dimensiones pueden coexistir. Pero solo si se sostienen sobre una base común: responsabilidad social. De lo contrario, la contradicción entre discurso y práctica terminará debilitando no solo al sindicato, sino también a la escuela pública que se dice defender. La autoridad moral del docente —se construye todos los días frente a los alumnos— no se vota en asambleas. Se gana, o se pierde, en el aula.
Oaxaca.11.03.26.
