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En Oaxaca, denuncian expulsión de familias por diferencias religiosas

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Foto(s): Cortesía
Giovanna Martínez

Pobladores y autoridades de la comunidad de San Isidro Arenal, ubicada en el municipio de San Juan Lalana, Oaxaca, han dado un ultimátum a familias cristianas evangélicas para que abandonen la población, ya que no practican la religión católica. 

Se dio a conocer el caso de dos personas que fueron encarceladas el pasado 21 de noviembre; se trató de los hermanos Lorenzo Antonio Hernández y Jesús Antonio Hernández, quienes fueron encerrados por delitos contra la religión. 

A través de un vídeo, Lorenzo aseguró que en asamblea la población acordó encarcelar a los hermanos, además de despojarlos de sus derechos como propietarios de varios terrenos en la comunidad y, además, tendrán que abandonar la comunidad junto con sus familiares.

El hombre, quien apenas puede pronunciar el español, ya que es originario de esa comunidad y además habla chinanteco, pidió que las autoridades intervengan y se solucione este conflicto.

En otro video, las familias cristianas ubicadas en rancho Cerro Cajón, difundieron un video donde denunciaron que las autoridades pretenden expulsarlos por no practicar el catolicismo. 

“En esta época donde los avances en la tecnología y educación son tan vastos, seguimos sufriendo estos actos de persecución por el simple hecho de ejercer otra religión”, dijo. 

Ultimátum para desalojar

Eustaquio Antonio Pérez, otra víctima que también fue encarcelada, detalló que Alfredo Enrique Hernández, autoridad municipal, les indicó que por acuerdos de la asamblea tienen ocho días para desalojar sus hogares ya que, de lo contrario, el pueblo se organizará y los hará abandonar sus casas a la fuerza. 

“No nos quieren dar permiso de vender nuestras pertenencias, ellos se lo quieren quedar todo; esa es la razón de que estamos aquí pidiendo justicia, no le hemos fallado al pueblo con nuestros cargos, pero ya no nos quieren por ser de otra religión”, expuso. 

Una madre de familia y esposa de Eustaquio asegura que la comunidad les ha prohibido a los menores de edad que puedan acudir a sus escuelas, “nuestros niños ya no pueden acudir a la escuela por lo mismo; el único delito que hemos cometido es creer en La Palabra”, refirió.

Las familias pidieron la intervención de las autoridades pues temen por su seguridad y la de sus hijos, ya que los pobladores les han asegurado que si no son católicos y no viven conforme a las costumbres, no tienen derecho a vivir en el pueblo, por lo que serán expulsados y tratados como delincuentes.

“Siempre nos hemos conducido con respeto y honestidad, pero desafortunadamente las personas de esta comunidad nos quieren expulsar porque no somos católicos; espero que las autoridades tomen cartas en el asunto y no permitan que seamos desalojados de nuestras propiedades y hogares”, concluyó. 

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