A partir del hoy, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, determinarán su propio límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social, considerando los principios de austeridad republicana, economía y racionalidad presupuestaria.
La reforma deroga la disposición para que las entidades federativas homologuen el límite de sus gastos, en materia de comunicación social, al 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos Anual aprobado por sus respectivas legislaturas.
La publicación de la reforma fue suspendida de manera provisional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al formar parte del paquete de cambios del llamado “Plan B” de reforma electoral, aprobado en diciembre pasado e impugnado por senadores de oposición y distintos municipios del país.
Ahora, una vez publicado el decreto en el Diario Oficial de la Federación, serán las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la capital del país quienes determinen su propio límite de gasto en comunicación social, considerando las características propias de cada una.
Para algunos legisladores, la reforma brinda autonomía a cada entidad federativa y fortalece el pacto federal, toda vez que adecua la normativa, atiende principios de interpretación y mantiene el derecho de la ciudadanía a contar con información verídica.
Además, que combate el despilfarro de los bienes y recursos nacionales, así como permite una administración recta y prudente del erario, con el fin de informar a la población sobre las campañas de los entes públicos.
