Lo que era un secreto a voces quedó al descubierto el pasado sábado con el deceso de un menor en un domicilio de Santa María Atzompa.
Al tratarse de un fallecimiento de tipo patológico, sólo personal de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) fue alertada para presentarse al lugar para iniciar con las diligencias de ley.
Sin embargo, cuando los agentes arribaron al domicilio, lo hicieron acompañados de empleados de una empresa funeraria de nombre La Providencia.
Al enterarse que se trataba de una muerte natural y no solicitarían la intervención de la autoridad ministerial, los elementos de la AEI, al parecer adscritos al Centro de Atención Temprana (CAT) ubicado en la calle de Arista, presionaron a los familiares del menor fallecido para que contrataran los servicios de la funeraria que llegó con ellos.
Los familiares no accedieron, ya que otro de sus familiares conocen este tipo de trámites y sabían que no era necesario contrataran a la empresa que llegó hasta su domicilio.
Los meten a la escena del crimen
Desde hace años, los agentes del grupo de Reacción de Homicidios de la AEI trabajan en contubernio con empleados de las distintas funerarias, a quienes ponen en alerta del lugar donde ha ocurrido un deceso, ya sea violento o natural para que se presenten al domicilio y puedan acaparar al cliente.
Esta situación creó diversos problemas entre los agentes y empleados de las funerarias, quienes denunciaron en su momento que los agentes recorrían en las noches las diversas funerarias para saber cuántos cuerpos habían “trabajado” y así cobrarles la cuota correspondiente.
Mientras se acusaban mutuamente, era evidente el apoyo o respaldo que recibían los empleados de las empresas funerarias, ya que los agentes los ingresaban a las zonas acordonadas, sin importar que alteraran o borraran evidencias, para que se entrevistaran con los familiares de los fallecidos para poder hacer su negocio.
En estos casos incurren no sólo los elementos de la AEI, sino incluso varios agentes del Ministerio Público, quienes condicionan a los familiares de las víctimas, que los cadáveres solo se entregan a una funeraria y no de manera directa a la familia.
“Usted no puede trasladar un cuerpo en un vehículo particular, necesita un permiso especial de los Servicios de Salud y los de las funerarias ya lo tienen, evítese todos esos trámites y contrate a tal funeraria”, es la condición de los agentes del Ministerio Público.
