Octavio Vélez
La Asamblea Permanente de Víctimas, Sobrevivientes y Ex Presos Políticos del 2006 demandó ayer al gobierno estatal el cumplimiento del amparo otorgado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito para que sean indemnizados.
En su representación, el presidente de la Liga Mexicana por los Derechos Humanos (Limeddh) en Oaxaca, Isaac Torres Carmona dio a conocer que ese órgano del Poder Judicial Federal (PJF) otorgó el amparo y protección de la justicia, el 13 de agosto pasado, a las víctimas de detención arbitraria y tortura del conflicto social del 2006, al resolver el juicio de amparo directo 35/2019.
Expuso que la calidad de víctimas fue reconocida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su recomendación pública 15/2007, porque el 25 de noviembre del 2006, fueron víctimas de detención arbitraria, tortura, retención prolongada e incomunicación, acusados por la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de los delitos de sedición, asociación delictuosa, resistencia de particulares, ataques a las vías de comunicación, daño en propiedad ajena, daños por incendio y ataques contra funcionarios públicos.
Explicó que las víctimas fueron detenidos primeramente en la Base Aérea Militar número 15, de la Secretaría de la Defensa Nacional, en San Juan Bautista La Raya, y después trasladados vía aérea y recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 4 de San José del Rincón, Nayarit, así como en los penales de Miahuatlán y Tlacolula, hasta la obtención de su libertad mediante juicios de amparo al haber demostrado su total inocencia en los delitos imputados.
De esta manera, exigió a la administración estatal el cumplimento de la sentencia de amparo para que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado declare su legal incompetencia para conocer de la demanda planteada por las víctimas, sobre los actos del ministerio público, y remita los autos a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, para ser turnados al área correspondiente conforme a La ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de Oaxaca, y así finquen la responsabilidad administrativa y resuelvan sobre las indemnizaciones reclamadas.
El activista dijo que las víctimas requieren las indemnizaciones como medida de compensación subsidiaria, por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables, como consecuencia de las violaciones a sus derechos humanos sufridas.
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Víctimas
Detención arbitraria
Tortura
Retención prolongada
Incomunicación
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Delitos imputados
Sedición
Asociación delictuosa
Resistencia de particulares
Ataques a las vías de comunicación
Daño en propiedad ajena
Daños por incendio
Ataques contra funcionarios públicos
