Octavio Vélez Ascencio
Ante el clima social y político generado por el inicio del proceso electoral en el estado, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) hizo un llamado a las autoridades para que garanticen el libre ejercicio de las actividades de defensoras de derechos humanos, activistas y luchadores sociales, así como la libertad de manifestación de los distintos grupos y organizaciones.
“Existen condiciones de riesgo para este importante sector social”, aseguró el titular de este órgano autónomo, Bernardo Rodríguez Alamilla.
El ombudsperson sostuvo que los activistas y defensores de derechos humanos son esenciales en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, porque dan voz a grupos históricamente invisibilizados.
“Además, ponen en la agenda pública las desigualdades que afectan a la sociedad en su conjunto y con ello, dirigir o redirigir las políticas públicas para una atención integral”, asentó.
Por eso, expuso que las agresiones en contra de este sector social afectan a toda la población y dejan en la indefensión a las personas o comunidades donde acompañan distintas luchas.
De esta manera, subrayó que resulta fundamental la protección de las personas defensoras, activistas y luchadores sociales, así como garantizar el acceso a la justicia de las víctimas directas e indirectas de un hecho delictivo, con el fin de acabar con la impunidad, como un elemento fundamental para detener la violencia en su contra.
Además, destacó que las autoridades necesitan fortalecer las capacidades de respuesta institucional para la protección de personas defensoras y activistas de derechos humanos, sobre todo, generando condiciones para un ejercicio seguro de sus actividades y garantizar el derecho a la justicia quienes han sido víctimas de agresiones.
Resaltó que el acceso a la justicia de las personas defensoras de derechos humanos, activistas y luchadores sociales, así como las de sus propias familias implica, además de conocer la verdad de los hechos, la sanción a los responsables, la atención a las víctimas directas e indirectas, así como garantías de no repetición.
“Todo esto, mediante una investigación exhaustiva, que incluya la posible relación con su labor de defensa de los derechos humanos, para llevar a los responsables ante la justicia”, señaló.
Sin embargo, Rodríguez Alamilla también requirió a las agrupaciones, sindicatos y gremios, priorizar el equilibrio de derechos, porque pierden legitimidad y respeto todas aquellas manifestaciones de inconformidad en menoscabo de las garantías de la ciudadanía.
