Octavio Vélez Ascencio
Con la presencia de funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob), así como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), San Sebastián Nopalera y Zimatlán de Lázaro Cárdenas, desarrollaron el “caminamiento” y el “brecheo” para determinar de manera definitiva el territorio de ambas comunidades, enfrentadas por un lío agrario.
“Estas acciones permiten un avance importante en la resolución de un conflicto entre las comunidades que se agudizó hace 12 años, donde se registró una dolorosa historia de pérdidas de vidas humanas, personas desaparecidas, agresiones e incendios forestales”, afirmó el ombudsperson, Bernardo Rodríguez Alamilla.
El titular de la DDHPO, sostuvo que en la construcción del consenso ha sido fundamental y prioritaria la participación de las dos comunidades, porque los procesos de pacificación parten de los acuerdos y suma de voluntades enfrentan por algún conflicto.
“Las soluciones intercomunitarias son la mejor fórmula para dirimir controversias, además de convertirse en un ejemplo para otras poblaciones que atraviesan problemáticas similares”, añadió.
Subrayó que este tipo de convenios permiten a las comunidades transitar hacia un escenario de armonización e interdependencia de derechos, pues son altamente eficaces para alcanzar soluciones creativas para garantizar un ejercicio de derechos.
Además, reconoció las asesorías brindadas por el presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), Maurilio Santiago Reyes y Efraín Solano Alinarez, a Zimatlán de Lázaro Cárdenas y a San Sebastián Nopalera, respectivamente, para poder alcanzar los acuerdos.
El “caminamiento” y el “brecheo” fueron atestiguados también por el director de Medidas Cautelares y Provisionales de Organismos Internacionales de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luis Pablo Ballesteros, por el coordinador regional en la Mixteca de la Secretaría General de Gobierno (Segego), Andrés Olea Aniceto y por representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), así como por mandos y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Guardia Nacional.
