Un tribunal colegiado resolvió un amparo promovido desde 2023 por organizaciones civiles, determinando que el Congreso de Oaxaca incurrió en una omisión legislativa al no incluir un proceso de consulta pública en la designación de la persona titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
Alex Ali Méndez Díaz, director de litigio en México Igualitario, recordó que el juicio de amparo se presentó debido a que la convocatoria emitida por el Congreso para la elección de la persona titular de la defensoría no cumplía con los estándares constitucionales establecidos desde 2011, que obligan a realizar procesos públicos y transparentes en los nombramientos de órganos autónomos.
En un inicio, el proceso legal no logró detener la designación, la cual continuó sin cumplir con los principios de participación ciudadana. Sin embargo, tras un recurso de revisión, el tribunal determinó por mayoría que el artículo 24 de la Ley de la Defensoría es inconstitucional al no contemplar la consulta pública, tal como lo ordena la Constitución.
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Aunque ya no es posible revertir la designación que actualmente desempeña Elizabeth Lara, el Congreso de Oaxaca está obligado a modificar la legislación para garantizar que en futuras elecciones de titular de la Defensoría se contemple la participación de la sociedad civil de forma obligatoria.
“Esto abona a la independencia y a la autonomía de estos órganos en defensa de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca. Entonces, creo que es un gran logro para la sociedad civil, para la democracia y sobre todo, pues para la defensa de los derechos humanos en el estado”, expresó Méndez Díaz, quien señaló que esta sentencia demuestra que las exigencias planteadas desde la sociedad civil tenían un sustento constitucional.
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La resolución, además de tener efectos jurídicos concretos, representa un mensaje político claro: el proceso de 2023 no fue constitucional ni legítimo.
“No se trata de quién fue electa, sino del incumplimiento a la ley”, puntualizó el litigante.
El Congreso tiene ahora la obligación legal de reformar la Ley de la Defensoría para garantizar que, en adelante, los procesos de designación incluyan espacios efectivos de consulta ciudadana.
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