Para saldar una deuda histórica y hacer justicia a los pueblos del México profundo, veinte congresos estatales aprobaron el dictamen que reforma, adiciona y deroga el artículo dos de la Carta Magna para que así se emita la declaratoria de constitucionalidad y con esto, garantizar plenamente los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano.
“Es un momento histórico, porque hoy se están fructificando los trabajos de una lucha de por lo menos 50 años, por el reconocimiento de nuestros derechos inalienables”, aseveró el director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes.
El funcionario dio a conocer que la minuta, después de ser aprobada por la Cámara de Senadores, fue remitida a los congresos estatales donde fue aprobada en Baja California, Campeche, Colima, Durango, Guerrero, Ciudad de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, Chihuahua y Nayarit.
Expuso que el respaldo de las veinte legislaturas permitirá a las cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión emitir sus respectivas declaratorias de reforma constitucional y después enviar la minuta al Ejecutivo federal para la publicación del Decreto en el Diario Oficial de la Federación, donde se fijará su entrada en vigor.
“Hoy por fin llega el momento histórico, esperamos que esta reforma constitucional sea la base, el cimiento para hacer justicia a nuestros pueblos y a nuestras comunidades, lo esperamos de corazón”, asentó.
Explicó que los pueblos indígenas y afromexicano con la reforma constitucional pasarán de ser considerados como objetos o sujetos de interés público para ser reconocidos como sujetos de derecho público, titulares de un conjunto de derechos colectivos e individuales, para así poder resolver sus demandas y sus exigencias fundamentales.
Además, subrayó que la reforma constitucional fue elaborada por de manera conjunta por los 70 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano, durante el proceso de diálogo y consulta previa, libre e informada realizada en asambleas regionales y en un foro nacional.
“La reforma tiene el pensamiento, la palabra, las demandas y exigencias de los pueblos del México profundo”, anotó.
De esta manera, destacó que la reforma constitucional constituye un acto de elemental justicia social y de resarcimiento de una deuda histórica para los pueblos indígenas y afromexicano.
Regino Montes dijo que el corazón de la reforma constitucional es el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
“Con ello, se reconoce la capacidad que tienen los pueblos para hacerse cargo de su vida y destino, de tomar sus propias decisiones de manera responsable y colectiva, así como de participar en la vida pública como entes colectivos, con pleno respeto a sus culturas e identidades, sus formas de organización y de gobierno, así como de sus sistemas normativos”, finalizó.
“Es un momento histórico, porque hoy se están fructificando los trabajos de una lucha de por lo menos 50 años, por el reconocimiento de nuestros derechos inalienables”.
Adelfo Regino Montes, director general del INPI
