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Celebran habitantes de Juchitán estrategia de reordenamiento vial

Según datos oficiales, más de 4 mil mototaxis operan sin permiso.
Foto(s): Amando Orozco
Amando Orozco

El paisaje en las calles de Juchitán de Zaragoza, dominado por una marea de mototaxis con lonas de distintos colores, enfrenta hoy su mayor desafío histórico: el ordenamiento del transporte público.

Cifras reveladas recientemente por el Gobierno del Estado de Oaxaca ponen al descubierto la magnitud de la irregularidad en la zona. De las más de 5,600 unidades que circulan diariamente por las calles juchitecas, solo 1,600 cuentan con un permiso legal vigente. Las restantes 4 mil unidades operan en la clandestinidad, sin licencia ni registro oficial.

Para los habitantes, la regularización no es solo un tema de trámites, sino de seguridad. Guadalupe Cruz, comerciante local, señala que la falta de control ha permitido que el sector sea infiltrado por la delincuencia.

“Estaría bien (el censo), ya que hay muchos mototaxis que trabajan sin papeles; motos robadas o que andan delinquiendo. Como hay personas buenas que trabajan honradamente, también hay varios que se pasan, cobran de más, pero no por unos van a pagar todos”, afirmó Cruz.

Ante este escenario, la Secretaría de Movilidad ha puesto en marcha un programa de regularización del 20 al 30 de abril de 2026. La meta institucional es que, para el mes de junio, cada unidad en la ciudad porte placas oficiales y cuente con un registro digital para identificar plenamente a los conductores.

Con una densidad de 60 mototaxis por cada mil habitantes, el sector transporte es el sustento de miles de familias, lo que añade una capa de complejidad social al operativo.

Pese a la incertidumbre, algunos conductores ven con buenos ojos la medida. Josías Sánchez Crisanto, mototaxista de oficio, considera que el censo es una “idea estratégica” para profesionalizar el servicio.

“Para mí está bien. El gobierno lo hace para que el transporte esté regularizado. Trabajando como mototaxista de ahí mismo va saliendo para cubrir los gastos (del trámite)”, comentó Sánchez.

Las autoridades estatales han sido enfáticas, reiterando que el censo es obligatorio y las multas para quienes decidan permanecer en la ilegalidad después de la fecha límite, prometen ser severas.

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