Cada embarazo temprano representa la cifra de un delito sexual que en la mayoría de los casos se queda oculto en pactos familiares o en las omisiones de las instancias gubernamentales, señaló la activista y defensora de derechos humanos, Nelly Martínez Echartea, integrante del Grupo Estatal de Prevención de Embarazo Adolescentes (GEPEA).
“No se logra abatir el número de embarazos en niñas y en adolescentes porque las instituciones están fallando. Seguimos observando que, por ejemplo, llegan las niñas embarazadas por complicaciones en el embarazo o que llegan a parir, se van sin que se de vista al ministerio público. No pasa nada. Les dan la consulta, la atención prioritaria y no pasa nada”, señaló la también representante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) en Oaxaca.
En Oaxaca de 2021 a 2023 -conforme las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía- 792 niñas entre 11 y 15 años dieron a luz.
Martínez Echartea explicó que la NOM-046 relativa a la “Violencia familiar, sexual y contra las mujeres” define los procedimientos que el personal de salud debe seguir para la atención de casos de violencia, incluyendo la notificación al Ministerio Público en casos de violencia familiar o sexual.
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Sin embargo, en la práctica lo anterior no se realiza. Citó como ejemplo el caso de una niña de 13 años que en meses pasados llegó a un hospital público con complicaciones del embarazo. La institución brindó la atención médica, la dio de alta, pero no se dio parte al mp para que investigara el caso.
Al no dar vista al ministerio público -destacó- no hay un castigo a la persona que embarazo a esa niña o adolescente, que en la mayoría de los casos suele ser el padre, el padrastro, un tío, el abuelo, o algún otro familiar cercano.
“Tenemos legislación, suben y bajan con las modificaciones a las leyes, con aparentes políticas públicas, pero la situación real es que no se abaten las cifras, éstas continúan”, destacó.
La impunidad en los casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes es aún más alarmante. Martínez Echartea, integrante del GEPEA, relató el caso de una niña que fue sometida a un aborto tras haber sido agredida sexualmente por su propio padre. Sin embargo, no se preservó el ADN del producto, lo que impidió contar con una prueba clave para agravar la responsabilidad penal del agresor. Como resultado, sólo se sancionaría la violación, sin considerar las consecuencias adicionales del delito.
