La Comisión Permanente de Estudios Constitucionales de la 65 legislatura, que está por concluir, elaboró un dictamen para ser analizado, discutido y, en su caso, aprobado por los y las integrantes de la próxima legislatura, que reduce el requisito de edad mínima para ejercer el cargo de fiscal general del estado, de 35 a 30 años de edad.
Además, plantea que este requisito se debe extender para los fiscales especializados en materia de delitos electorales, combate a la corrupción, y en materia de personas desaparecidas, así como establecer que éstos durarán en el cargo siete años y cada periodo será desempeñado de manera alterna entre hombre y mujer.
El documento señala que el requisito de edad establecido actualmente en la Constitución para ser fiscal general es de 35 años de edad cumplidos el día de su designación y se extiende a los fiscales especializados en materia de delitos electorales, combate a la corrupción, y en materia de personas desaparecidas, aunque mediante el decreto 2324, la 65 legislatura estatal aprobó el 3 de julio del 2024 que para el caso del fiscal anticorrupción, como uno de los requisitos tener edad mínima de 30 años, “por ello resulta (¿?) establecer la edad en nuestra constitución (sic) para que no exista duda, confusión o discrepancia”.
Añade que con ello se consigue impulsar la constante y la activa participación de las nuevas generaciones en el ejercicio de la administración pública y en relación con los fenómenos delictivos que se combaten a través de la profesión, es una tarea de suma urgencia: son ellos los potenciales operadores de las instituciones jurídicas, los encargados de la aplicación de las normas, quienes conscientemente deben conocer los retos a los que se enfrentarán y las herramientas jurídicas para superarlos.
Manifiesta que en la actualidad nadie podrá tener duda de que las generaciones más jóvenes son actores fundamentales para el desarrollo de nuestro país, ya que hoy representan la tercera parte de la población mundial, porque tienen una gran capacidad de transformación, a pesar de que todo el mundo y la sociedad han tratado de visibilizar a las y los jóvenes como actores estratégicos para el desarrollo de nuestro país, aún existe una brecha entre el reconocimiento formal de este protagonismo y su materialización.
Sostiene que es menester readecuar las estructuras de la administración, los mecanismos de interacción con la ciudadanía y el marco institucional del gobierno a un nuevo escenario, de tal forma, que los resultados sean mejor tanto en la calidad de las acciones y servicios del gobierno y tener la confianza de los ciudadanos.
Expone que este cambio no solo responde a una lógica de actualización normativa, sino también a una necesidad de democratización y apertura del servicio público a todos los sectores de la sociedad, promoviendo la participación activa de las nuevas generaciones en la construcción de un gobierno más transparente y eficiente.
