El secretario de finanzas, Farid López Acevedo, informó que la auditoría del ejercicio fiscal 2021 por servicios personales del gobierno del estado registró un adeudo de 1 mil 200 millones de pesos, por retenciones que se hicieron de manera incorrecta o que no se pagaron en su momento.
En conferencia de prensa, dijo que es una diferencia de casi 500 millones de pesos, pero cuando se le agregan los recargos, las actualizaciones y las multas se va a 1 mil 200 millones de pesos.
“Entonces por un lado vamos avanzando, abonando, con los Servicios de Salud y de repente ya nos sale otro boquete en la Secretaría de Administración derivado de servicios personales”.
Dijo que así está el 2021, lo mismo va a ser en el 2022, por lo que se genera una carga financiera para el estado. “Vamos a ver cómo va a estar el 2023 y ya estamos corrigiendo el 2024”.
Al comentar el incremento de la carga financiera por la contratación de personal administrativo de manera irregular, en el que se detectó de manera inicial 1 mil 344 plazas, expresó que el otorgamiento de plazas trae una carga financiera para el estado y más cuando se hace de manera desproporcionada o desmedida; “pero no solamente trae ese crecimiento económico, sino el problema es que muchas veces se afecta a trabajadores que están dentro de la administración, por ejemplo, a los policías estatales”.
Destacó que este año se les dio un aumento importante a los servicios de seguridad pública, policías auxiliares, bomberos, policías estatales y custodios que en promedio ganaban 8 mil pesos y bueno, ahora, ganan alrededor de 13 mil pesos mensuales.
“Estos crecimientos no se pueden hacer si de repente hay un incremento en el número de bases de trabajadores, porque por un lado benefician a la parte administrativa, pero desprotegen otro sector”.
Dijo que también se tiene otro factor que es la Ley de Disciplina Financiera, misma que impide tener crecimientos desproporcionados de los servicios personales y esta parte, “cuando preguntan cómo estamos respecto a las finanzas hemos señalado que de entrada tenemos la presión del pago de las deudas, tanto con las instituciones financieras como con las instituciones financieras, que ha ido avanzando, pero no deja de ser una presión. Adicionalmente hemos tenido otra carga financiera con los servicios personales, que no es culpa de los trabajadores, es culpa de los funcionarios que han estado”.
Manifestó que otro tema que es muy importante no perder de vista es que esto en cuanto a las pensiones trae una consecuencia a largo plazo.
“En el corto plazo no trae una consecuencia, al contrario, estás 1 mil 344 bases administrativas mientras los trabajadores estén en activo contribuyen con su aportación al Fondo de Pensiones, pero cuando ellos alcancen su derecho de pensionarse, por supuesto que van a tener una carga adicional el estado por esas pensiones de manera extraordinaria”.
Destacó que actualmente el Fondo de Pensiones ya no tiene ninguna reserva, ya está en ceros, por lo que ya no alcanza al fondo con los recursos que aporta cada trabajador y el patrón, por ello adicionalmente el gobierno del estado tiene que aportar de manera extraordinaria alrededor de 900 millones.
“Entonces son aportaciones adicionales que entre más se sigan jubilando más grande se va a ir haciendo la aportación extraordinaria, entonces lo que se busca es ir conteniendo esas presiones para un futuro; a lo mejor nosotros como gobierno en este sexenio no lo vamos a poder ahorrar, pero sí estamos previniendo las finanzas a largo plazo del gobierno del estado”.
Por su parte, la titular de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Rendición de Cuentas, Leticia Elsa López Reyes, señaló que revisaron 1 mil 948 expedientes de nombramientos de base, detectándose inconsistencias en el otorgamiento de las mismas de la siguiente manera: 228 en el año 2019, 305 en el 2020; además, 224 en el 2021 y 315 en el 2022. El resto se encontraron en organismos descentralizados y otros ejercicios fiscales.
Citó entre las irregularidades encontradas la falta de documentos y autorizadas en los expedientes del personal, la asignación de bases a personal sin actividades específicas asignadas, la conversión irregular de personal de confianza y mandos medios en trabajadores de base, y la entrega de nombramientos a personas que no cumplían con el tiempo ser servicio de al menos seis meses, entre otras.
