La inversión es un motor clave que impulsa el crecimiento del país porque se traduce en empleos, actividad económica y mejora de bienestar social, sin embargo, en México, la burocracia se ha vuelto un lastre para la captación de nuevos capitales, coincidieron la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y México Evalúa al presentar el Índice de Burocracia
“La mejor política de bienestar es un ambiente económico sólido, propicio para los negocios, que permita a los empresarios y emprendedores hacer lo que saben y que eso pueda generar una derrama económica”, señaló Mariana Campos, directora de México Evalúa en rueda de prensa.
La inversión, señaló, es un motor clave que impulsa el crecimiento del país porque se traduce en empleos, actividad económica y mejora de bienestar social.
Sin embargo -expuso- hacer negocios en México presenta cada vez desafíos más significativos tanto para pequeñas empresas como para las empresas trasnacionales que buscan entrar al mercado o que quieren expandirse.
En el segundo trimestre de 2024 México registró 31 mil millones de dólares en inversiones, un aumento del 7 por ciento en comparación con 2023, pero el 98 por ciento es reinversión de utilidades. El capital o inversión nueva incluso ha registrado una caída del 80 por ciento, según Mariana Campos.
En su oportunidad Roberto Salinas Atlas Netwok indicó que las Mipymes destinan hasta 506 horas anuales, el 40 por ciento de la jornada laboral, a cumplir con trámites para poder seguir laborando. “Son costos que afectan la productividad”.
“La asfixia regulatoria genera otros costos. Tiempo y dinero que debió invertirse en la empresas y proyectos, primero tiene que atender el tema burocrático”, lamentó.
Al presentar parte de los hallazgos del índice de burocracia, Ana Lilia Moreno de México Evalúa, destacó que los trámites para arrancar un negocio no sólo se dan a nivel de instancias federales, estatales y municipales, también se vive en solicitud de servicios básicos como luz, drenaje y agua.
Agregó que hay otros trámites que a pesar de que ya eran digitalizados a partir de la pandemia, volvieron a realizarse de manera presencial lo que implica mayor pérdida de tiempo y corrupción.
