La Asamblea Comunitaria El Coyul requirió la intervención inmediata de las autoridades estatales ante la intención de la Sociedad Agrícola y Ganadera El Coyul Oax. S. C. de adjudicarse más de mil 400 hectáreas de tierras y playas para su posterior lotificación y venta.
En un pronunciamiento, esa instancia informó que la Sociedad Agrícola y Ganadera El Coyul Oax. S.C. desarrolló una fraudulenta asamblea ordinaria, el 26 de abril pasado, porque carece de cualquier legitimidad sobre las tierras pertenecientes a la Sociedad Agrícola Ganadera El Coyul, fundada en 1972 por los verdaderos propietarios de las tierras.
Expuso que la asamblea ordinaria pretende aparentar legalidad para llevar a cabo un acto ilícito, la fragmentación, lotificación y reparto de tierras privadas de uso colectivo, mediante un supuesto mecanismo de tómbola.
Explicó que este plan está orquestado por Alfredo Manuel Mena Alonso, a través de la Unión de Ejidos y Comunidades Agrarias Costa Istmo (Unecaci), con la colaboración de Joel Ricárdez López y Rigoberto Cruz Cartas, quien se hace pasar por presidente de la Sociedad Agrícola y Ganadera El Coyul Oax. S.C., sin tener reconocimiento de los verdaderos socios.
De este modo, demandó intervención inmediata de las autoridades estatales para preservar la paz y la tranquilidad de la comunidad; garantizar el respeto a los órganos fundadores de la original Sociedad Agrícola y Ganadera El Coyul, detener la simulación de representaciones, salvaguardar la legalidad en todos los actos relacionados con la propiedad social y proteger la integridad física de sus integrantes.
Además, reclamó el reconocimiento y respeto a la voluntad de los socios originales de la Sociedad Agrícola y Ganadera El Coyul, quienes no han autorizado ningún proceso de lotificación ni cesión de derechos, así como la absolución y revocación de la sentencia condenatoria en contra de 21 de sus integrantes.
También, pidió una investigación penal en contra de Rigoberto Cruz Cartas, Alfredo Mena Alonso y Joel Ricárdez López por los delitos de usurpación de funciones, falsificación, despojo agravado y daño ambiental.
De la misma manera, exigió a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) una inspección urgente y a profundidad de la zona de Playa La Ensenada-Morro-Ayuta, la suspensión de actividades ilegales y el inicio de procedimientos administrativos y penales contra los responsables.
Asimismo, la aplicación de medidas cautelares de protección ecológica para preservar el ecosistema de manglares y hábitats de especies protegidas y revertir los daños provocados por las actividades ilegales.
