El precio de la tortilla, producto de mayor consumo entre las familias del país, no sufrirá incremento al menos durante los dos primeros meses del año.
Según el expresidente de la Asociación de Industriales de la Masa y la Tortilla, Jaime Eugenio Pascual, indicó que esto se debe a que los industriales de la harina de maíz mantendrán sus costos y será hasta abril, con la cosecha de maíz, cuando se conozca si el grano tendrá algún incremento.
“Nosotros no vamos a incrementar mientras no tengamos incrementos en la materia prima. En el caso del gas, éste se ha mantenido en Oaxaca. Nosotros estamos esperando el precio de salida a la cosecha de Sinaloa, que a la fecha no sabemos qué tan buena va a ser porque no llovió mucho en este año, aunque la mayoría es de riego. Si hay un incremento, creo que no será substancial”, señaló.
En medio de la pandemia por la COVID-19 -dijo- la industria de la masa y la tortilla se ha mantenido a flote debido a que el producto es de primera necesidad en la mesa de las familias. “La gente sigue comiendo tortillas; el producto es indispensable”, señaló.
En promedio -indicó- hay un consumo promedio diario de 300 gramos por persona, el cual compite con el que hay sobre las tortillas hechas de harina. “La industria de nixtamal contra la industria de harina han perdido mucho terreno. Las tortillas de harina se venden en aproximadamente 70 u 80% del total de 127 mil establecimientos en todo el país”, destacó.
En Oaxaca el precio promedio del kilo de tortilla se ubica desde 14 hasta 17 pesos.
Subrayó que los tortilleros son el último eslabón cuando ocurre un incremento en el precio de la tortilla y éste se deriva de las grandes empresas productoras de harina. “Siempre satanizan al industrial de la masa y la tortilla, pero en realidad los incrementos se dan a partir de alzas en la harina y el maíz”.
Cabe mencionar que en un comunicado conjunto la Secretaría de Economía y la Sader aseguraron que no hay presiones inflacionarias que justifiquen un aumento a este alimento por lo que un alza podría constituir violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor y a la Ley Federal de Competencia Económica.
