A 10 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la justiciabilidad de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) es un pendiente del Estado mexicano, aseguró el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Bernardo Rodríguez Alamilla.
“Si bien con los cambios constitucionales se lograron afianzar los derechos civiles y políticos, estos derechos deben ser atendidos de inmediato”, afirmó.
En su video-columna Puntos Cardinales, publicada en las redes sociales, el ombudsperson expuso que los DESCA, entre alimentación, salud y vivienda, deberían ser un piso común para todas las personas y así puedan ejercer otros derechos de carácter civil o político.
Subrayó que el reconocimiento jurídico de los derechos humanos de las personas o de los derechos colectivos en el caso de pueblos y comunidades indígenas es un avance sustantivo, pero la implementación de estas normas es uno de los grandes pendientes.
“Si bien ya están reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, necesitamos que se traduzcan en beneficios para las personas”, insistió.
Destacó que otro de los retos pendientes de la reforma constitucional es poner a las personas en el centro de las políticas públicas, desde la construcción de las mismas y hasta la toma de decisiones, así como generar indicadores bajo un enfoque de derechos humanos para poder medir su eficiencia.
Además, dijo que también es fundamental transitar del reconocimiento clásico de los derechos humanos, hacia uno donde quienes los violentan no solo sean las propias autoridades, sino incluso, las empresas.
“Según las propias condiciones del Estado moderno aparecen entes de poder fáctico como las empresas nacionales o trasnacionales que también violentan derechos humanos y que tendrían la obligación de respetarlos”, apuntó.
