Un grupo de organizaciones sociales y civiles demandó la intervención inmediata de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de las instituciones del Gobierno Federal para garantizar condiciones reales de seguridad y neutralidad de las comunidades afectadas de San Juan Mazatlán, Sierra Norte, ante las agresiones de un grupo armado de Santo Domingo Petapa, Istmo de Tehuantepec.
En un pronunciamiento público, expresó su preocupación por la grave situación vivida en las comunidades mixes Loma de Santa Cruz, Rancho Juárez, Los Valles y San Antonio del Valle, pertenecientes a San Juan Mazatlán, por los ataques del grupo armado a causa de un añejo conflicto agrario con Santo Domingo Petapa.
Explicó que las agresiones han provocado el asesinato de los comuneros de San Juan Mazatlán, Porfirio Bautista Domínguez, Israel Cabrera Andrés y Palemón Agustín Epitacio, en los últimos tres años de este conflicto, así como la muerte por inanición de una mujer de la tercera edad, el desplazamiento de más de 100 familias, la falta de acceso a la alimentación y a servicios de salud por encontrarse esas comunidades y otras más sitiadas por el grupo armado.
Además, expuso que el grupo armado ha generado un ambiente de terror e inseguridad, así como la absoluta indefensión de hombres, mujeres y niñeces, porque hasta la fecha no han hecho presencia las instancias de seguridad para evitar la comisión de esos delitos.
Detalló que las agresiones del grupo armado violan diferentes derechos de los pueblos indígenas establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
De este modo, requirió la intervención de la presidenta Sheinbaum Pardo para la protección de los derechos humanos y colectivos de las comunidades afectadas, el despliegue urgente de medidas de protección para las familias, niñas, niños y personas adultas mayores, el restablecimiento inmediato del orden, con garantía a la protección y medidas necesarias para estas comunidades.
Así como la investigación pronta, imparcial y exhaustiva de la muerte violenta de los comuneros, sanción a los culpables e instalación de una mesa de diálogo formal con las autoridades del gobierno federal con garantías de imparcialidad, transparencia y con el acompañamiento de organismos de derechos humanos estatales y nacionales.
