Durante los primeros nueve meses del año la administración estatal destinó sólo 3% del presupuesto estatal a la actividad económica que es la que genera fuentes de trabajo.
De acuerdo con el tercer informe trimestral 2018 de la Secretaría de Finanzas, a la función de gobierno se han destinado en los tres trimestres del año 8 mil 994 millones 346 mil 531 pesos (17%), en rubros como legislación, justicia, política de gobierno, asuntos financieros y hacendarios, así como seguridad pública.
En desarrollo social ha gastado 28 mil 909 millones 260 mil 791 pesos (53%), en un rubro que los especialistas califican como política asistencialista y proclive a la corrupción. En este apartado se consideran las acciones de protección ambiental, vivienda y servicios a la comunidad; recreación, cultura y otras manifestaciones sociales: educación y protección social.
En cambio para desarrollo económico únicamente se erogó mil 610 millones 713 mil 437 pesos, en renglones que deben atender asuntos económicos, comerciales y laborales en general; agropecuaria, silvicultura, pesca y caza, transporte, comunicaciones, turismo, ciencia, tecnología e innovación.
Incluso para lo que se denomina Otras no clasificadas en las funciones anteriores, el recursos erogado fue de 14 mil 690 millones 555 mil 881 pesos.
Aunque en el mismo se contemplan las transacciones de la deuda pùblica y el costo financiero de la misma; las transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno; así como los adeudos fiscales anteriores.
De acuerdo a Diego Alejo Vázquez Pimentel, Milena Dovalí Delgado y Máximo Jaramillo Molina, en su ensayo MÉXICO justo: Propuestas de Políticas Públicas para Combatir la Desigualdad, a causa del modelo asistencial mexicano, el combate a la pobreza y a la desigualdad ha fracasado.
