Comerciantes establecidos e informales del municipio de Santa Lucía del Camino se organizaron contra los impuestos y medidas para operar que su ayuntamiento trata de aplicar en el perímetro al considerar arbitrarios los cobros que se les imponen.
A través de la asociación civil Comercio y Servicios Fijos, Informales y Ambulantes, los vendedores de este municipio realiza una nueva propuesta de ley de ingresos municipales ciudadana que se adapte a las condiciones que los habitantes viven.
Los comerciantes señalaron que la ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2017 aprobada para Santa Lucía, y la cual tratarán de modificar, es la misma que en el 2016, cuando los impuestos para los comerciantes se elevaron hasta el 260 por ciento, más que en años anteriores.
El incremento de los impuestos fue significativo tanto para los comerciantes establecidos como semi fijos, pero las afectaciones se concentraron en aquellos que abrieron un negocio dentro de la plaza comercial, lo que provocó primero la clausura de los comercios y después el cierre de definitivo de esas empresas al ser incosteables los impuestos.
Los pequeños empresarios manifestaron a NOTICIAS que además debían pagar por servicios que no recibían, como son la recolección de basura y agua potable.
Dolorosas cuentas
Durante la gestión de Galdino Huerta Escudero recaudaciones por el concepto de continuación de operaciones o de apertura de negocio de multiplicaron de un año a otro.
Mientras que en el años 2014, la iniciación de un comercio con el giro de comedor costó 500 pesos y de 300 pesos por continuar vigente cada año, en el año 2015 la apertura de un negocio costó 800 pesos y por continuar funciones 620 pesos (en este mismo giro).
Para este último ejercicio fiscal, el cabildo de este municipio conurbado aprobó tarifas mayores. En base al ejemplo del giro comercial de cocina económica (sin venta de cerveza), el precio por abrir una es de mil pesos y por continuación de operaciones es de 800 pesos.
Ese aumentó propició que los comerciantes dejaran de pagar, pues tanto los servicios municipales como obras de beneficio colectivo no correspondían a lo que la ciudadanía ingresaba a las arcas del ayuntamiento.
En cuanto a los Comerciantes de la Macroplaza, denunciaron que en el 2016, el impuesto de continuidad de operaciones aumentó 400 por ciento, en comparación de 2015.
En la Ley de Ingresos 2016 el ayuntamiento de ese municipio conurbado a la capital realizó un apartado especial para cobrar dicho impuesto a los comercios que se encuentran dentro de la Macro Plaza, el cual no se existía en 2015.
Los inconformes expusieron que para el caso de quienes en el 2015 pagaron mil 500 pesos por mantener sus comercios abiertos, en el 2017 el cobro ascendió a 7 mil 500 pesos, lo que afectó a cerca de 20 empresas oaxaqueñas.
