La protesta social en Oaxaca cuesta al pueblo más de los 100 millones de pesos que el gobierno estatal gasta en mesas de negociación y acuerdos con los manifestantes, porque cada vez que se suspenden actividades en las oficinas públicas de Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial se erogan en promedio 4 millones 752 mil pesos por día en el pago a los 10 mil 562 trabajadores de base que no acuden a sus centros de trabajo.
El martes, por segunda vez consecutiva, los trabajadores de base de Ciudad Administrativa recibieron la orden de no presentarse a trabajar, porque damnificados del Istmo de Tehuantepec encabezados por la presidenta municipal con licencia de Juchitán de Zaragoza y diputada local electa por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Gloria Sánchez López, acudieron a las oficinas gubernamentales para exigir recursos.
Autobús a inconformes y salarios por no trabajar
Así la Secretaría General de Gobierno no sólo tuvo que sentarse a negociar con la ex perredista Sánchez López, sino erogar algunos recursos para la negociación, entre ellos el pago de camiones y hasta la comida del contingente, entre otros que no se hacen públicos; pero además se tiene que pagar a toda la plantilla de trabajadores de base que no laboró.
Un reporte de la Secretaría de Finanzas, dado a conocer en mayo pasado, señala que en el 2017 la atención de conflictos por parte de diferentes oficinas de la dependencia gubernamental costó 101 millones 326 mil 587 pesos del erario.
El documento subraya que durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se realizó el gasto más fuerte para la atención de conflictos, toda vez que se erogaron 30 millones 200 mil 201 pesos. La Subsecretaría de Fortalecimiento Municipal fue la que más dinero gasto por este concepto, ya que superó los 7 millones 907 mil pesos.
La sangría
Ahora bien el salario promedio diario de un trabajador de base, si consideramos el más alto en 8 mil pesos y el más bajo en 4 mil 500 pesos por quincena, es de alrededor de 450 pesos diarios, que multiplicado por el número de trabajadores de base de ambos conjuntos de oficinas administrativas nos da un total de 4 millones 752 mil 900 pesos por día.
Para el caso específico de Ciudad Administrativa si consideramos una total de 3 mil 500 trabajadores de base, el resultado es de 1 millón 575 mil pesos.
De tal manera que si se suman todos los días del año que se suspenden actividades laborales en Ciudad Administrativa y Judicial por protestas de grupos sociales, la cifra de 100 millones de pesos anuales que se destinan a la negociación con los dirigentes se puede ver rebasada hasta diez veces.
En este año organizaciones como Antorcha Campesina, El Consejo Indígena Popular de Oaxaca “Ricardo Flores Magón” (CIPO), habitantes de la zona Mixe, el Frente Amplio de Lucha Popular (FALP), habitantes de San Dionisio Ocotepec, pobladores de Santo Domingo Teojomulco, entre otros, han cerrado los accesos a la Ciudad Administrativa.
En tanto, habitantes del Istmo de Tehuantepec, de Santo Domingo Teojomulco, del Partido Unidad Popular (PUP) y la Asamblea de los Pueblos Indígenas (API), así como trabajadores del Poder Judicial, han tomado las instalaciones de la Ciudad Judicial.
