Las 80 empresas afiliadas a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) que cerraron este 2019 es un indicador que el representante en Oaxaca, Felipe Palacios Sibaja, utiliza para dimensionar las repercusiones de la falta de obra pública y la inseguridad en Oaxaca.
A este panorama, anticipa repercusiones negativas por el recién aprobado impuesto sobre la extracción de materiales pétreos en el sector de la construcción.
"De por sí Oaxaca tiene altos costos para adquisición de los materiales de construcción, sobre todo para el acarreo de los mismos y con este nuevo impuesto nos impactará en la obra privada y de infraestructura y pública porque los precios van a incrementarse", aseguró en el presidente de la CMIC en Oaxaca.
Criticó la falta de planeación y revisión del impacto que tendrá este nuevo impuesto, ya que tiene la certeza que carece de estudios previos en una entidad donde el comportamiento de los sindicatos de materialistas "es muy crítico porque establecen las tarifas de acarreos unilateralmente".
Advirtió que 2020 será un año muy difícil para el sector de la construcción que lleva casi un nulo crecimiento a nivel nacional y en Oaxaca ello se nota todavía más por falta de proyectos de obra pública.
De 400 empresas afiliadas a la CMIC en Oaxaca "alrededor de 80 cerró sus puertas y otro porcentaje importante está sin personal o esperando poder participar en una obra, ya que sólo el 20% tuvo una y no al cien por ciento de su capacidad".
Al casi concluir este 2019 el panorama es "muy difícil, enfrentamos mucho desempleo y otro impuesto más nos hace creer que sea más complicada la situación para la construcción".
"Con el Gobernador platicamos en junio, pero posterior a eso hubo pláticas breves, hay voluntad de atender el tema pero falta que su gabinete le informe y le haremos ver la necesidad de que se impulse la inversión en obra pública que tuvo cero crecimiento", puntualizó.
La falta de inversión en el sector, agregó, genera desempleo y puede incidir en inseguridad, por ello pidió dar seguimiento a la aplicación de los tres mil 500 millones de pesos autorizados en meses pasados por el Congreso.
