La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió la recomendación 10/2025 al Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino por incurrir en violaciones a la propiedad, legalidad y seguridad jurídica en agravio de seis personas, entre ellas, personas mayores.
En una comunicación, el órgano autónomo dio a conocer que el expediente se originó el 13 de agosto del 2022 por la queja presentada por los agraviados, quienes decidieron colocar portones en los accesos a sus viviendas dentro de los cuatro metros previamente donados para andador peatonal por razones de seguridad con el acuerdo de la autoridad municipal y vecinos colindantes.
Sin embargo, explicó que las estructuras fueron retiradas sin previo aviso por personas ajenas a sus domicilios, cargadas en vehículos oficiales del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, para así vulnerar sus derechos.
Detalló que la DDHPO, después de la investigación y del análisis de las pruebas recabadas, acreditó el incumplimiento del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino con los requerimientos legales, sin implicar riesgos a la vida o integridad física, psicológica o sexual. Por esto, precisó que la DDHPO emitió la recomendación 10/2025 al presumirse la certeza de los hechos porque el Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino no presentó el informe solicitado ni desvirtuar los señalamientos y por las evidencias aportadas por los agraviados.
De esta manera, subrayó que la DDHPO solicitó al Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino instruir a su personal para desarrollar mesas de trabajo con las personas agraviadas y los vecinos colindantes a fin de alcanzar acuerdos y acciones en su beneficio, así como hacer la devolución de los objetos decomisados el día del incidente y de no contar con ellos, regresar el valor de los mismos.
Además, destacó que requirió la realización de un acto de reconocimiento público o privado de responsabilidad en favor de las personas agraviadas, así como el inicio de una investigación administrativa para aclarar los hechos descritos.
El órgano autónomo dijo que este tipo de recomendaciones no buscan desacreditar a las instituciones ni representar un agravio a sus titulares, porque constituyen instrumentos indispensables para el fortalecimiento del Estado de derecho, donde la dignidad y los derechos humanos sean plenamente garantizados.
