Por La Jornada
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció el jueves, por primera vez, que las comunidades en asentamientos irregulares también deben gozar del derecho humano al agua, por lo que las autoridades están obligadas a garantizarles un suministro mínimo.
El pronunciamiento del máximo tribunal se dio al amparar a la comunidad Los Kilómetros, en Ciudad Juarez, Chihuahua, que creó principalmente una población migrante desde principios de 1990, pero que a la fecha alberga a una población superior de más de 300 mil personas, en la que sus habitantes solo acceden al agua a través de tambos llenados por pipas que acuden cada 10 o 15 días.
El asunto generó una amplia discusión en el Pleno, aunque finalmente el proyecto del ministro Arístides Guerrero García fue aprobado por unanimidad.
Los efectos de la sentencia señalan que las autoridades deberán garantizar el suministro de agua a los habitantes que promovieron el amparo, incluso con el apoyo de la fuerza pública si fuera necesario, con el objetivo de salvaguardar su integridad personal.
Además, la Junta Municipal de Juárez y la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua deberán implementar, a mediano plazo, un programa de infraestructura intermedia con depósitos de almacenamiento que permitan conservar y distribuir el agua de manera equitativa, para lo cual la Secretaría de Hacienda estatal deberá asegurar recursos prioritarios destinados a Zonas de Atención Prioritaria.
