Por Gerardo Gutiérrez Candiani
En cuestión de días podríamos, por fin, conocer la iniciativa de reforma electoral que el Ejecutivo Federal enviará al Congreso. Es natural que haya tanta especulación: no es poca cosa lo que puede provocar esta enésima reforma a nuestro sistema político. Tomando en cuenta lo perfilado en el “Plan C” del pasado gobierno, como han advertido estudiosos de la democracia, podría ser la puntilla para el desfondamiento de la democracia mexicana.
No estamos hablando del adiós definitivo de la democracia como principio de organización social para nuestro país, recordando lo que decía Winston Churchill en cuanto a que es el peor sistema político ideado por la humanidad, salvo todos los demás. Sí de un punto y aparte, pero con un posible punto final al proceso de transición democrática que tomó forma desde la segunda mitad de los años 90, con el Instituto Federal Electoral autónomo –hoy el INE– en 1996 y la alternancia presidencial en el 2000.
Sobre todo, si se lleva adelante la propuesta de eliminar la representación proporcional, la cual fue la cuña con que empezó a abrirse paso la democracia en México. Más aún si también hay una reducción al financiamiento público de los partidos que aumente la inequidad, considerando el control y el uso político de los recursos del Estado que ejerce el oficialismo. Además, se contemplan cambios en el INE que acelerarían el deterioro que ya ha sufrido, en los hechos, en términos de autonomía e imparcialidad.
El Senador Ricardo Monreal ha dicho que el dilema sobre los plurinominales “está superado”, y que se mantendría el modelo de 300 diputados por mayoría relativa y 200 por representación proporcional, aunque con algunos cambios en materia electoral. En el mismo sentido, los partidos aliados de Morena –Verde y del Trabajo– siguen mostrándose reacios a acompañar al oficialismo en la eliminación de los plurinominales y otras medidas.
Sin embargo, con los precedentes de la disruptiva reforma al Poder Judicial y las que desfondaron la autonomía de varios organismos del Estado, no puede descartarse que se imponga otra regresión, en línea con la tendencia de los últimos años a la concentración de poder y el socavamiento de las instituciones.
Si como ciudadanos reconocemos lo que José Woldenberg, primer presidente del IFE autónomo, ha llamado nuestra germinal democracia, en congruencia debemos defender su continuidad como proceso.
No hay que dejar de insistir en que la transición democrática, cuyos antecedentes se remontan a la reforma electoral de 1977 impulsada por Jesús Reyes Heroles, Secretario de Gobernación de entonces, dio a México las primeras alternancias presidenciales constitucionales y pacíficas de su historia. No merece acabar así.
Esta es la prueba histórica que da significación a la convocatoria del Frente Amplio Democrático, formalizado la semana pasada: un llamado urgente, desde una representación ciudadana plural, a la conciencia cívica.
Es preciso revalorar ese principio clave de la transición: pluralidad. Uno de los hitos del proceso fue precisamente la construcción, en un ejercicio de consensos entre las distintas fuerzas políticas, de una representación en el Estado mexicano congruente con una sociedad tan diversa como la nuestra. Justo lo que ahora vemos evaporarse, para tender a una reedición del carácter monolítico y excluyente del régimen de la postrevolución.
El propósito es claro: “No a la regresión autoritaria. Sí a la democracia, las libertades y los derechos”. El exhorto: “una respuesta ciudadana amplia, responsable y organizada que coloque en el centro la defensa de la democracia constitucional”.
No a otra “reforma político-electoral que, lejos de fortalecer el sistema democrático, plantea riesgos claros de regresión en materia de autonomía institucional, pluralismo político y equilibrios constitucionales”.
Sí, hay que defender la transición democrática como una gran conquista nacional. Y como se destaca en el manifiesto, comenzar por revalorizarla: asegurarnos de que todos los mexicanos sepan de que se trata, incluyendo las luchas y los esfuerzos con que se consiguió.
Con todas sus limitaciones y aspectos perfectibles, ha sido un gran paso y una gran promesa de una aspiración y resorte fundamental de nuestra historia: la construcción de un país de instituciones sólidas y representativas.
Suscribimos el manifiesto de ese Frente Amplio: “México sí vivió una transición hacia la democracia, resultado de un prolongado esfuerzo de diálogo, reflexión común e inclusión plural entre fuerzas políticas, sociedad civil, academia y ciudadanía”.
En efecto, “ese proceso permitió construir instituciones, reglas y contrapesos que dieron legitimidad y estabilidad a la vida pública”.
Y sí, “hoy, ese método democrático —basado en el acuerdo, la pluralidad y la deliberación— ha sido desplazado desde el poder”. Tienen razón: no debemos admitir, sin más, la “restauración del antiguo régimen, bajo cualquier forma o denominación”.
Es decir, no a la imposición de una reforma que, sin tomar en cuenta a las distintas corrientes políticas, podría afianzar la sobrerrepresentación en el Poder Legislativo y la concentración de poder en el Ejecutivo, ya con un Poder Judicial cuestionado en cuanto a su independencia. Lo contrario a los fines y los consensos de las reformas que consolidaron la transición democrática.
Esa imposición inclusive sería nociva para el oficialismo. Más que oportuno recordar lo que decía Reyes Heroles en el sentido de que “lo que resiste, apoya”. La idea de que puntos de vista contrarios a un régimen o a una mayoría, al cuestionar, contrastar y equilibrar, fortalecen y dan estructura, funcionalidad y legitimidad al sistema.
Muy relevante, también, pensar en la gran paradoja actual que he oído exponer a expertos en el sistema político mexicano como Diego Valadez: por un lado, mayoría calificada por sobrerrepresentación en el Congreso y un Ejecutivo Federal sin contrapesos; por otro, erosión de la legitimidad del poder político y de la gobernabilidad, con la mitad de la ciudadanía subrepresentada e instituciones debilitadas.
