Por La Jornada
México presentó en la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes (COP4, por sus siglas en inglés) del Acuerdo de Escazú, los avances en la ruta nacional para su instrumentación y reiteró su compromiso con este tratado regional como “una política de Estado” orientada a fortalecer la protección de personas defensoras ambientales y la cooperación regional en América Latina y el Caribe.
En el marco de la sesión de Implementación Nacional, la delegación mexicana encabezada por la procuradora federal de Protección al Ambiente, Mariana Boy, detalló los avances más sustantivos, entre ellos la conformación de un Grupo Interinstitucional de Alto Nivel, responsable de integrar el diagnóstico, la línea base país y, fundamentalmente, de impulsar y ejecutar las decisiones sobre el proceso de instrumentación del Acuerdo.
Este grupo está encabezado por la Secretaría de Gobernación, responsable de la política interior del país, “lo que subraya que Escazú no es sólo una agenda ambiental, sino que es una política transversal del Estado”.
Para asegurar su articulación, también está integrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Profepa; las secretarías de Relaciones Exteriores y de Anticorrupción y Buen Gobierno, y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.
En la Conferencia de las Partes, desarrollada en Nassau, Bahamas, la funcionaria federal expuso que el Grupo Interinstitucional elaboró un diagnóstico a partir de la integración de los trabajos realizados en años recientes por las dependencias de gobierno, organizaciones civiles y comunidades.
Este documento se alineó con el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030 y los programas sectoriales. Es decir que el acceso a la información ambiental, la participación pública y la justicia ambiental están integradas al más alto nivel en la planeación de las políticas públicas, aseguró.
Indicó que se fortaleció la metodología de la línea base con indicadores de estructura y proceso para identificar retos y definir acciones prioritarias. Este enfoque se basa en estándares de Naciones Unidas y permite monitorear avances y articular los principios de Escazú con el Sistema Nacional de Seguimiento de Derechos Fundamentales.
La ruta de instrumentación identifica acciones a corto, mediano y largo plazo, lo que permite avanzar de forma gradual en los pilares del Acuerdo de Escazú.
En un comunicado conjunto, la Semarnat y Profepa señalaron que el trabajo se plasmó en un documento inicial, que tras la COP 4, se someterá a un proceso participativo para enriquecerlo con aportaciones de diversos sectores. Se prevé concluirlo este año y compartirlo a nivel regional como contribución al aprendizaje entre países.
Es de recordar que, en 2025, se registraron 10 asesinatos de ambientalistas y defensores del territorio, de acuerdo con un informe de organizaciones civiles. En lo que va de 2026, se han registrado al menos tres, el más reciente caso, el de Lázaro Mendoza Ramírez, defensor ambiental de la región lacustre de Zirahuén, Michoacán.
