Ciudad de México .-Nacional Financiera (Nafin) deberá entregar a un particular copia simple de los contratos de crédito que suscribió con una filial de Pemex en 2015 para la adquisición de Grupo Fertinal, resolvió el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI).
Los documentos, de los que deberá elaborarse una versión pública, son los dos contratos de crédito, sus apéndices, anexos, convenios modificatorios y contratos adicionales relacionados.
"En donde únicamente deberá testarse el domicilio de personas físicas, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad, ocupación y de la credencial para votar el OCR, la fotografía, el código QR, la firma, clave de elector y huella", precisó el comisionado Joel Salas.
Grupo Fertinal, que estaba conformado por una unidad en Lázaro Cárdenas Michoacán, y la mina de roca fosfórica en San Juan de la Costa, Baja California, fue adquirido por 635 millones de dólares y con esos activos Pemex pretendía retomar la producción de fertilizantes.
Al exponer el caso ante el Pleno, Salas indicó que en su primera respuesta Nafin clasificó la información como reservada argumentando que los contratos de crédito suscritos se habían celebrado con personas morales de derecho privado, por lo que no les era aplicable la legislación en materia de transparencia.
Salas recordó que Nafin es una banca de desarrollo en la que el Gobierno federal tiene una importante participación accionaria, en tanto que Pemex y las demás subsidiarias que participaron en la adquisición de Grupo Fertinal son propiedad del Estado.
Además, señaló, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública han documentado irregularidades en la compra de la empresa productora de fertilizantes.
"Se trató de una compra que no constituyó un negocio rentable para Petróleos Mexicanos, situación que fue hecha de su conocimiento con antelación, y a pesar de ello se llevó a cabo.
"Finalmente, Petróleos Mexicanos al ser el tenedor último de Grupo Fertinal contrajo todas las obligaciones y pasivos derivados de ello, lo cual ha convertido en una carga que año con año se ve sufragada a través de recursos públicos", detalló.
Ante esto, se hizo una ponderación de derechos en la cual se consideró que debe prevalecer la transparencia por encima de la reserva invocada.
"La transparencia de la documentación sobre los créditos otorgados por Nacional Financiera como banco de desarrollo controlada por el estado, permite a la sociedad fiscalizar que: uno, las instituciones de banca de desarrollo controladas por el Gobierno tomen decisiones, acorde con las necesidades productivas nacionales que verdaderamente aporten al crecimiento económico nacional", indicó.
