Por Gerardo Gutiérrez Candiani / Colaborador
Vuelve a la palestra el proyecto de reforma para reducir la jornada laboral en México de 48 a 40 horas semanales, que sería presentado este mismo año. Es fundamental que desde la iniciativa del Ejecutivo Federal se consideren provisiones de gradualidad de aplicación, así como para sectores donde puede causar una fuerte disrupción, incluyendo a las pequeñas y medianas empresas.
El contexto económico es adverso: estancamiento y con un patente retroceso de la inversión que se añade a la secular falta de avances en productividad desde hace al menos un cuarto de siglo. Ni se diga en la generación de empleo formal, francamente deprimida.
El saldo positivo anual de creación de empleos registrados en el IMSS a octubre es de solo 20 mil. En diciembre se dieron de baja más de 405 mil plazas, la mayor en registro, y a 10 meses aún no se recuperan por completo. Un análisis de Banamex proyecta apenas 80 mil en este año.
No es que se esté en contra de la reducción de la jornada laboral en sí. Lo que se pide es tomar en cuenta la realidad de las empresas y la del mercado laboral, marcada por la grieta entre el sector formal y el informal.
El formal, con años de aumentos extraordinarios a los salarios mínimos y en los costos laborales, con un impacto muy distinto para las grandes empresas que para las pymes.
El informal, donde no necesariamente aplican este tipo de mejoras y donde está el 55% de los trabajadores, 33.1 millones de personas, buena parte en condiciones de alta precariedad laboral. Para mejorar su situación lo que se requiere son reformas estructurales –hacendaria, seguridad social, salud–, que realmente ayuden a cerrar la grieta.
Las empresas grandes pueden afrontar o al menos capotear las alzas en costos y la reducción de la jornada laboral ajustando sus plantillas laborales o adecuando sus sistemas de gestión de personal y operaciones. Por ejemplo, con nuevos controles de turnos y entradas y salidas.
En cambio, en sectores con menor resiliencia, sobre todo entre las pymes, la operación puede verse seriamente trastornada, al grado de verse en la disyuntiva de elevar precios –quienes puedan hacerlo– o pasar a la informalidad para seguir siendo negocios viables.
Por lo pronto, la reducción, al igual que la continuación de aumentos extraordinarios en los mínimos, aunque beneficien a muchos trabajadores, acabarán por amplificar la distorsión de la informalidad, en detrimento del propio mercado laboral.
Para promocionar la reforma se señala que México tiene la mayor jornada entre los países de la OCDE: 48 horas semanales contra un promedio de 37. La cuestión es, nuevamente, que toda reforma debe reconocer su contexto. De lo contrario, puede verse frustrada u opacada por los efectos colaterales, como, en este caso, menor generación de empleo formal, presiones inflacionarias y hasta cierre de fuentes de trabajo.
Estamos ante el dilema que describió desde hace mucho Santiago Levy, ex Director General del IMSS: “Buenas Intenciones, Malos Resultados”. El título de su libro ya clásico de 2010, vigente en sus conclusiones sobre la relación entre informalidad, productividad y el escaso crecimiento. Ahí expone las limitaciones de políticas como la ahora planteada: lejos de corregir la falla subyacente, suelen ampliarla.
El Instituto Adecco México publicó un estudio muy oportuno sobre la reforma, refiriendo experiencias recientes en otros países y desglosando costos para las empresas, los cuales dependerían de la forma en que cada una se adapte.
En un escenario, según cálculos del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), si se opta por mantener la misma producción u operación y compensando las ocho horas que se quitan con horas extras, remuneradas generalmente al doble o más del salario normal, el costo laboral se elevaría en hasta 38 por ciento.
Ese aumento sería particularmente sensible para las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan el 96% del tejido empresarial nacional. Máxime con las alzas salariales recientes.
Otras empresas podrían elegir contratar más personal. En ese caso, el CEESP calcula que el costo laboral aumentaría alrededor de 22%, sin contar gastos adicionales como capacitación, seguridad social y administración. Se estima que un sector como el retail, bajo ese supuesto, necesitaría aproximadamente 157 mil nuevos empleados.
Otra opción son los ajustes mixtos, como combinar contratación parcial y mejoras de productividad mediante tecnología y reorganización de procesos. Adecco apunta que la inversión en automatización, Inteligencia Artificial y capacitación puede mitigar el impacto, pero requiere tiempo y recursos. No todas las empresas tienen la capacidad inmediata; mucho menos las Mipymes.
Así, se estima que para una Pyme con 10 empleados, el costo adicional anual podría ser de hasta 432 mil pesos anuales. No debería de extrañar que, en ese escenario, muchas decidan recurrir a contrataciones informales o pasarse de lleno a la informalidad.
Como señala el estudio, la clave para minimizar los efectos negativos radica en una implementación gradual, incentivos a la productividad e incluso apoyo gubernamental a empresas vulnerables.
En efecto, el éxito dependerá de la capacidad del Estado, las empresas y los trabajadores para trabajar coordinada, flexible y responsablemente, y a partir de un enfoque integral. Y sí, México puede aprender de lo que han hecho Chile, Colombia o Ecuador en reformas similares, sintonizándolas a sus realidades nacionales.
Como ha señalado el Presidente de Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, “toda reforma laboral debe construirse con análisis técnico, con visión de largo plazo y cuidando las fuentes de empleo”.
Reformas, sí. Pero como dice Juan José, que fortalezcan el empleo formal, la capacitación continua y las condiciones para que trabajadores y empresas enfrenten los retos tecnológicos, demográficos y económicos del presente y del futuro.
Buenas intenciones, pero con buenas políticas.
