Por Gerardo Gutiérrez Candiani
No es desatinado ponderar a una eventual reforma político-electoral regresiva como el mayor riesgo en nuestro país a corto plazo, como lo hace Integralia en su edición 2026 de los 10 principales riesgos políticos. Es el número uno, lo cual no es poca cosa en medio de un entorno internacional tan convulso, cuando incluso está en vilo la vigencia del TMEC, acuerdo ligado al 80% de nuestras exportaciones y a cerca de 15 millones de empleos.
¿Por qué? Porque se trata de una auténtica contrarreforma que, considerando las iniciativas que han adelantado o sugerido sus promotores en el gobierno, puede ser la puntilla contra el Estado democrático de derecho: implicaría retroceder a un régimen de concentración de poder que difícilmente puede ofrecer la gobernabilidad, la unión en lo esencial y la certidumbre que necesitamos ante los acuciantes problemas nacionales y frente a esta era de disrupción e inestabilidad mundial.
Tomando en cuenta que se contemplan cambios al sistema de representación legislativa que apuntan contra el pluralismo y en favor de una mayor sobrerrepresentación del oficialismo, esa regresión no sólo sería mala para nuestra democracia: también, muy probablemente, lo sería para nuestra economía, de por sí estancada.
Como bien apuntan los analistas de Integralia, a más concentración de poder, más margen de discrecionalidad, y con ello, más incertidumbre en el clima de negocios. El resultado sería, efectivamente, ahuyentar aún más la escasa inversión.
Como expone el equipo de Luis Carlos Ugalde, este es un año de mayor densidad de riesgos por la combinación de factores que perfila una potencial “tormenta perfecta”:
Centralización política que puede derivar en toma de decisiones arbitrarias y leyes riesgosas, además de reducir los canales para la defensa jurídica y la interlocución política de los ciudadanos y las empresas.El lento crecimiento de nuestra economía, que es ya, más bien, un estancamiento endémico por la falta de certidumbre jurídica, un ambiente regulatorio deteriorado y la volatilidad del entorno internacional.El cúmulo de problemas que se agravan y, al mezclarse, complican más y más el entorno: control territorial del crimen organizado en diversas regiones, creciente conflictividad social, deficiencias del nuevo Poder Judicial y las tensiones en la relación bilateral con Estados Unidos.
Con ese contexto, el otro riesgo principal, una revisión del T-MEC que puede devenir en renegociación, se vuelve particularmente delicado.
En efecto, nuestro país podría verse obligado a realizar concesiones en materia de seguridad, a la par que enfrentar barreras no arancelarias, nuevas reglas de contenido regional y exigencia de más medidas contra la inversión y el comercio con China. Todo esto implica desafíos logísticos y de costos muy importantes para las empresas. Pero el riesgo trasciende lo técnico.
Lo principal: difícilmente veremos pronto certezas en este frente. Más bien, como apuntan los analistas de la consultoría de riesgos Eurasia, estaremos atorados en un limbo, con las empresas y los gobiernos sumidos en la incertidumbre mientras el presidente estadounidense se empeña en mantenerla, generando una inquietud generalizada. ¿Con qué propósito? Para maximizar su poder y su capacidad de presionar a fin de obtener concesiones económicas y políticas, tanto de Canadá como de México, pero también en Estados Unidos.
Aunque contamos con aliados importantes en Estados Unidos que defenderán las bases y los principales términos del acuerdo, no podemos desdeñar la imprevisibilidad que hoy envuelve a la política estadounidense, con alta dosis de energía disruptiva.
En fin, como vemos, hay un caldo de cultivo perfecto para el riesgo de una prolongación de la debilidad de la inversión. Esta se acentuó con la incertidumbre generada por reformas internas, en particular la judicial y la que eliminó la autonomía de órganos reguladores, pero también la de la Ley de Amparo y otras. Ahora, la inquietud continúa con las dudas sobre la implementación de esos cambios, más las señales contradictorias en sectores clave como energía, telecomunicaciones e infraestructura.
No por nada los pronósticos de crecimiento para el país en 2026 son tan moderados: para organismos internacionales, como el FMI y la OCDE, entre 1.2 y 1.5 por ciento, en línea con la expectativa de Banco de México, 1.1 por ciento. Bastante menos que lo que espera oficialmente el Gobierno Federal: entre 1.8 y 2.8 por ciento.
Como ha señalado la Coparmex, el desafío principal no está en la estabilidad macroeconómica, sino que es un reto de confianza, clave para la inversión productiva y el crecimiento sostenido.
Sin ese crecimiento, los otros riesgos expuestos por Integralia también se hacen más acuciantes. En particular, el de una conflictividad social en aumento, que podría darse junto con tensiones en la relación entre el gobierno y el sector empresarial. Súmese a ello la perspectiva de desorden en el sistema de impartición de justicia, por su politización y la improvisación, y la persistencia de regímenes criminales en diversas zonas del país, más preocupante aún por la proximidad de las elecciones de 2027.
Además, a corto y mediano plazo estarán gravitando sobre nuestro país los riesgos de un mayor intervencionismo de Estados Unidos en América Latina, incluyendo, desde luego, en México.
Como resalta la Coparmex, México inicia 2026 con un entorno de inseguridad que sigue inhibiendo el crecimiento: al cierre de 2025, la percepción de inseguridad permanecía elevada, la extorsión alcanzó niveles históricos, y a los problemas de violencia e impunidad que vulneran el Estado de Derecho se suma el del desmantelamiento institucional en la materia.
No se trata de ser pesimista, sino de ver con realismo los riesgos, como principio para responder con soluciones puntuales y oportunas.
