El Servicio de Administración Tributaria (SAT) prepara un ajuste profundo en su estrategia de fiscalización para 2026, con un enfoque decidido en la detección de operaciones simuladas y el control de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI). Las reformas al Código Fiscal de la Federación y al Paquete Económico 2026 facultan a la autoridad a suspender o cancelar el Certificado de Sello Digital ante irregularidades o falta de materialidad en las operaciones, lo que impediría a los contribuyentes continuar facturando. Además, se incorpora el artículo 49-Bis, que permite realizar visitas domiciliarias específicas para verificar que los servicios y productos facturados sean reales y comprobables, trasladando al contribuyente la carga de prueba de la materialidad de sus operaciones. Estas medidas representan un endurecimiento sin precedentes en la vigilancia fiscal digital y presencial.
En el ámbito tributario, los cambios contemplan ajustes que afectarán tanto a personas físicas como morales. Las tablas de retención del ISR se actualizarán con un incremento inflacionario del 13%, mientras que la retención anual sobre intereses pagados por bancos y otras instituciones financieras aumentará de 0.50 a 0.90 por ciento. El IEPS sobre gasolinas y diésel también se incrementará, y se crearán nuevos gravámenes: un impuesto del 8% a videojuegos con contenido violento y aumentos de hasta 50% en impuestos a juegos de apuestas.
A ello se suma una mayor vigilancia digital, con acceso del SAT a plataformas tecnológicas para monitorear transacciones en tiempo real, así como restricciones para inscribir empresas en el RFC cuando sus socios estén vinculados con factureras. Especialistas fiscales advierten que estas medidas obligarán a los contribuyentes a fortalecer su cumplimiento, mantener activo el Buzón Tributario, registrar toda la documentación que respalde sus operaciones y realizar un seguimiento constante de sus transacciones. De no hacerlo, podrían enfrentar sanciones severas que incluyan desde multas hasta la paralización de su actividad económica, lo que convierte a 2026 en un año decisivo para la administración tributaria y la formalidad fiscal en México.
