El Gobierno de Estados Unidos, durante la administración de Donald Trump, construyó un muro de aproximadamente nueve metros de altura que cruza sobre la canalización del río Tijuana, en los límites con la ciudad mexicana. La obra ha sido señalada por violar tratados internacionales sobre límites territoriales y naturales.
Altos funcionarios del estado de Baja California e ingenieros especializados han advertido que el muro, que cuenta con compuertas para el flujo del agua, podría generar inundaciones catastróficas en el centro de Tijuana y en San Ysidro, del lado estadounidense.
Desde un primer vistazo, se observa que la estructura fue construida como un puente sobre el río para facilitar el acceso de la Patrulla Fronteriza y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP). Las compuertas de acero están diseñadas para abrirse electrónicamente cuando aumente el flujo de agua en el canal.
Adriana Reséndez Maldonado, comisionada de la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos (CILA), afirmó que el muro incumple un acuerdo firmado en 1977 entre ambos países, además de otros tratados internacionales.
“La construcción de esta barrera puede provocar inundaciones, daños y pérdidas humanas en territorio mexicano”, señaló, aunque hasta el momento no se ha informado de acciones concretas por parte del Gobierno de México.
El acuerdo de 1977 establece que cualquier obra de encauzamiento en el cauce del río Tijuana debe ser de competencia binacional, por lo que la construcción en la canalización debió haber sido consultada previamente con el Gobierno de México.
El río Tijuana, con una extensión de 195 kilómetros, fluye entre México y Estados Unidos, atravesando el estado de Baja California y el sur de California. Su cauce se forma a partir de dos redes de desagüe que convergen en la zona urbana de Tijuana.
Un conflicto que México debe atender
Para Víctor Clark Alfaro, antropólogo y director del Centro Binacional de los Derechos Humanos, se trata de un tema complejo que el Gobierno de México debe abordar, ya que involucra acuerdos internacionales que Estados Unidos no está respetando y que podrían tener repercusiones en Tijuana.
“No es solo un asunto ambiental o social derivado del control migratorio, sino también un problema político, porque implica la aceptación y omisión del Gobierno de México”, sostuvo.
Una fuente cercana a las actividades de la CILA en México, que prefirió el anonimato, confirmó que las autoridades mexicanas tenían conocimiento del proyecto desde sus inicios. Aunque la comisionada ha expresado su oposición desde hace un par de años, hasta ahora no se han tomado medidas al respecto.
“El punto central es evaluar el impacto del muro, que también funciona como puente, en el ecosistema de la región y qué tanto el Gobierno de México ha permitido su construcción, pese a los tratados y a la oposición de algunos sectores políticos y organismos en Estados Unidos”, concluyó.
