Por Gerardo Gutiérrez Candiani
Resulta sintomático del momento político que vive el país que el consentimiento de dos partidos subsidiarios del oficialismo sea, al parecer, lo único que esté deteniendo a una reforma que podría apuntalar un proceso de reversa en nuestra democracia.
Una reforma electoral implica cambios en las reglas del juego: lo primero sería que los jugadores las acepten.
Así se construyeron las reformas de la transición democrática en los 90: dando espacio al diálogo, la negociación y los consensos de las fuerzas políticas. Ahora, sólo se buscó el aval de los partidos asociados o satélites; a la verdadera oposición ni siquiera se le considera interlocutor.
Esto es un problema de raíz. De ser aprobada, esta reforma quedaría marcada con un sello de ilegitimidad extensible a los comicios. El “mayoriteo”, en caso de que los legisladores del Verde y el PT fuesen convencidos, no subsana eso cuando la oposición y muchos juristas afirman que estamos ante una sobrerrepresentación y mayoría calificada inconstitucionales.
Además, la iniciativa contiene cambios muy problemáticos para otras dos condiciones esenciales de un sistema electoral funcional: certidumbre y equidad. Puede debilitar al INE y su capacidad de organizar procesos electorales confiables, y en paralelo, ampliar las ventajas del oficialismo.
Por si fuese poco, no estamos ante una reforma solo electoral: se extiende al régimen político, con cambios en materia de representación, y no para lograr ésta sea más fiel a nuestra diversidad ideológica. Al contrario, apunta, efectivamente, a más sobrerrepresentación y a una hegemonía partidista como la que creíamos dejada atrás.
Se desechó la propuesta de eliminar a todos los legisladores plurinominales, pero no en el Senado. Ahí habría una reducción de 128 escaños a 96: dos por estado al partido con mayoría relativa, sumando 64; uno más por entidad al segundo lugar, para 32; y adiós a los 32 plurinominales, bajo el criterio de que esta cámara, en estricto sentido, no representa al soberano, es decir, a los ciudadanos, sino al pacto federal, a los Estados Unidos Mexicanos.
En teoría, así tendría que ser, pero en el sistema político mexicano realmente existente, el Senado tiene atribuciones que corresponderían en exclusiva a la representación ciudadana. Por eso, el cambio propuesto puede dar lugar a más concentración de poder y exclusión de minorías.
Incluso obteniendo menos de una tercera parte de los votos en los 32 estados, un partido podría hacerse de los 64 escaños de mayoría y tener así las dos terceras partes de la cámara. No el “carro completo” de antaño, pero lo suficiente, o casi, para nombramientos o cambiar la Constitución sin contrapesos.
En la Cámara de Diputados se mantendrían los 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. Pero en los segundos, las curules se asignarían por votación directa con un mecanismo diseñado para que ya no sean las “élites partidistas” quienes decidan al poner el orden de preferencia en sus listas.
La fórmula mezcla a 100 de los “mejores perdedores” distritales y 100 de los candidatos de las listas plurinominales más votados por circunscripciones (cinco grandes divisiones geográficas). En ambos casos, por partido. Suena enredoso y lo es, sin que se quite a las cúpulas partidistas la llave de acceso, por ejemplo, con reglas de elecciones primarias.
Más que empoderar al elector, esto podría ser caldo de cultivo para más “innovaciones” de fraude, como los “acordeones” de la elección judicial del año pasado.
Si en verdad se quiere una mejor representación ciudadana, ¿por qué no ir a una discusión seria, nacional, plural, de cara a la ciudadanía, por una reforma de fondo, incluso contemplando soluciones del parlamentarismo?
En la parte electoral, los problemas no son menores. Una prioridad es ahorrar dinero y se afirma que el costo de las elecciones bajaría 25%, para lo que se plantean recortes presupuestales al INE y al financiamiento público a los partidos.
Entre lo más grave estaría la eliminación de las juntas distritales, donde se organizan las elecciones y base del servicio profesional de carrera, consolidado con los años para asegurar comicios confiables. Sus funciones las realizarían órganos temporales, elección por elección. Sería otro ejemplo, entre los muchos de los últimos años, de destrucción de instituciones a cambio de ahorros mal entendidos.
Afortunadamente, fue descartada la eliminación del PREP. Este era uno de los elementos más preocupantes de lo presentado en los últimos días. No hay que olvidar que este Programa de Resultados Electorales Preliminares es producto de toda una historia de sospechas –la “caída del sistema” de 1988– y ha dado credibilidad a los resultados.
Sin embargo, los otros puntos de riesgo comentados son más que suficientes para rechazar una reforma que, además, no toca problemas que sí requieren atención urgente.
Se plantea mayor fiscalización de campañas y partidos, con aciertos como la prohibición del efectivo. Sin embargo, no se ve ninguna disposición efectiva para combatir la creciente infiltración del crimen organizado en las elecciones y la política, ni tampoco contra las prácticas de intercambios de favores, como las de proveedores y candidatos.
Además, la inequidad y el fondeo ilegal pueden empeorar: reducción general de financiamiento público, pero con un partido oficialista con todo el respaldo del presupuesto gubernamental, y más dinero por debajo de la mesa, sea en efectivo o por otros canales.
Sí, hay propuestas positivas o al menos prometedoras, como regulaciones para el uso de la inteligencia artificial y las redes sociales. También de democracia participativa o rumbo al voto electrónico. Nada para combatir el uso de recursos públicos en beneficio de candidaturas oficialistas.
El conjunto refuerza el rompimiento con la clave de las reformas que dieron paso a la democracia, incluyendo la de 1977, en la época del PRI hegemónico: el reconocimiento del pluralismo. Por eso hace sentido que se hable de pasar de las reformas de la transición a una reforma de regresión democrática.
