Por Gerardo Gutiérrez Candiani / Colaborador
En la presentación de su Índice de Estado de Derecho 2025, que evalúa a 143 países y jurisdicciones, World Justice Project alerta de un fenómeno que se extiende en el mundo. Pensemos si a México le queda el saco: una “recesión” en la materia donde “un alarmante 68% de los países experimentó retroceso”.
Destaca que la disparidad entre las mejoras y las regresiones se amplía: los países que mejoraron registraron un aumento promedio de 0.52% en su puntuación; los que empeoraron, un descenso de 1.07 por ciento.
“Esta diferencia”, dicen, “pone de manifiesto que, si bien la construcción de instituciones de Estado de derecho sólidas puede ser un proceso largo y gradual, su desmantelamiento puede ocurrir con rapidez”.
Miremos a México en el espejo de la “fuerza motriz” de esa recesión: “La expansión de tendencias autoritarias –principalmente la reducción del espacio cívico y el debilitamiento de controles y equilibrios– […] con profundas caídas en los indicadores de Limitaciones al Poder Gubernamental, Gobierno Abierto y Derechos Fundamentales”.
También tiene mucho que decirnos otro proceso que se amplifica y profundiza lo anterior: “La independencia judicial, última línea de defensa contra los abusos del ejecutivo, se está debilitando […] con creciente injerencia política”.
Quien no advierta esta viga en el ojo de nuestra nación será porque ha decidido no ver.
¿Cómo le fue a México en el ranking? Vuelve a caer, como año con año. Esta vez, dos escalones, ubicándose en el sitio 121 del mundo y el 28 de 32 países de la región. En una calificación de cero al 1, obtuvimos 0.40 desde 0.41 el año pasado. Cada vez más abajo de la media global y regional, 0.55 y 0.50, respectivamente, y lejísimos del 0.90 del primer lugar, Dinamarca.
De los ocho factores, en seis caímos en puntaje, en uno no hubo cambio y en otro subimos. Curiosamente, es en estos dos últimos donde tenemos la peor calificación: Justicia Penal (0.27, sin cambio) y Ausencia de Corrupción (0.25, avance de 0.02), dos temas en los que, a la luz de las noticias recientes, difícilmente podemos creer que vamos bien.
En todos los componentes estamos por debajo del promedio mundial y del regional, salvo en Cumplimiento Regulatorio, apenas arriba de la media regional; y en Gobierno Abierto, mejor que en ambos promedios, pero aquí, donde hemos tenido las mejores calificaciones (0.56 esta vez), este año caímos siete lugares, al lugar 54.
Adiós al Inai y al avance que llegamos a tener en transparencia y acceso a la información pública.
En Justicia Civil, nuestra tercera peor calificación (0.35), bajamos dos peldaños. La remontada es improbable con la destrucción del Poder Judicial, y en adelante, por el deterioro e incluso caos que especialistas auguran. Al contrario.
Hasta ahora hemos hablado de conceptos en abstracto. Pero los impactos concretos están a la vista de cualquiera. Para cientos de miles son tragedias personales y familiares.
Cuando alguien dice que el Estado de derecho no es tan importante como la economía o que “al pueblo no le interesa”, debería pensarlo dos veces. Su declive lo mismo implica menos inversiones y empleos que vidas segadas por el crimen organizado. Tal vez el concepto sea extraño para muchos, pero nos afecta a todos y más a quienes menos tienen.
Tiene que ver con extracción de rentas y gobierno paralelo del crimen organizado en muchas zonas del país. Está detrás del asesinato del líder de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, donde se ha apropiado de los ingresos de la producción de limón, o el del Alcalde de Uruapan, donde ha prosperado toda una industria de la extorsión que gravita parasitariamente sobre la del aguacate.
Casi diariamente hay noticias de esta penetración del crimen en la sociedad, la política y la economía. En todo el país.
Por ejemplo, el control de la comercialización de productos básicos en mercados de Guerrero o el caso de Tabasco, donde, presuntamente, el responsable de la seguridad pública era el capo de un cártel y de redes delictivas involucradas lo mismo en secuestros que en cobro de piso y captura de presupuestos y compras gubernamentales.
La “recesión” que alerta WJP tiene que ver con miles de familias que han huido de sus pueblos en Chiapas ante el embate de narcotraficantes, lo mismo que con el deterioro de destinos turísticos, como en Tulum.
Hay un común denominador: la falta de protección a la integridad física y patrimonial, y la inaplicación de las normas que rigen la convivencia, con el agravante de que a menudo quienes las incumplen son funcionarios públicos.
Respecto a la inversión, simplemente consideremos lo que Business Roundtable, asociación de los presidentes ejecutivos de las mayores corporaciones de Estados Unidos, reclama sobre México de cara a la revisión del TMEC: además de prácticas fiscales injustas y discriminación en favor de empresas estatales, el menoscabo a la certeza jurídica por las reformas judiciales y contra reguladores independientes.
No por nada piden a su gobierno la restauración del Mecanismo de Solución de Disputas Inversionista-Estado: “México será el único país del mundo donde todos sus jueces serán elegidos por voto popular, lo que genera preocupación de que las disputas entre inversionistas privados y el gobierno se vean sujetas a consideraciones políticas en lugar del Estado de derecho”.
Aunque el gobierno estadounidense ha incumplido el acuerdo trilateral con su escalada arancelaria, el mexicano, en el sexenio pasado, debilitó nuestra posición en distintas formas. No solo por las contrarreformas constitucionales, sino también acciones unilaterales contrarias al tratado, como en aviación y el sector eléctrico. Así se dificulta mucho negociar con la contraparte.
Al final, la alternativa al Estado de derecho es la ley del más fuerte o de la jungla. Ese es el problema, para nada abstracto, sea en las relaciones internacionales o ante el desgobierno en tantas zonas del país.
