Durante décadas, la propaganda anticomunista impulsada desde Estados Unidos fue aplicada con eficacia, no solo por agencias extranjeras, sino también con el respaldo de sectores del nacionalismo revolucionario de orientación entreguista, aliados de facto con corrientes religiosas conservadoras y con la derecha extrema. Desde la posguerra, la guerra fría y hasta la década de los noventa, esta narrativa encontró terreno fértil. Los principales beneficiarios fueron los grupos centristas oportunistas que se proclamaban equidistantes de la izquierda y la derecha, postura que dejó una huella persistente en las estructuras sociales, políticas, partidarias y gubernamentales.
El discurso macartista permeó amplios sectores urbanos —medios y populares— así como numerosas comunidades rurales. Mientras la pequeña y la gran burguesía pro estadounidense se sentían resguardadas por este clima ideológico, los sindicatos se convirtieron en uno de los principales objetivos de dicha ofensiva. En aquellos años, era usual encontrar en las viviendas de trabajadores consignas como: “Esta casa es católica y no acepta al comunismo”. Los argumentos anticomunistas, reiterados hasta el exceso, presentaban a los militantes de izquierda como enemigos de la religión, la familia y la nación: profanadores de templos, destructores de símbolos religiosos, ateos militantes, antipatriotas, críticos sistemáticos del gobierno y supuestos agentes financiados desde el extranjero.
Estas caricaturas ideológicas, difundidas sin sustento, cumplieron eficazmente su función de deslegitimación. En el ámbito sindical, mayoritariamente corporativo, los gobiernos del PRI como partido de Estado, promovieron activamente esta propaganda de inspiración estadounidense. La narrativa oficial arraigó con fuerza y, aún hoy, persiste entre amplios sectores sindicalizados. Dirigencias gremiales subordinadas institucionalizaron mecanismos explícitamente anticomunistas, mientras el corporativismo sindical imponía un marco nacionalista revolucionario que satanizaba cualquier expresión de izquierda considerada “radical” o “extremista”.
No es casual que en la actualidad, los medios de comunicación a modo, reproduzcan campañas con rasgos similares. Frente a este escenario, la izquierda organizada —clandestina, semiclandestina o en condiciones de semiilegalidad— enfrentó la hostilidad de prácticamente todas las instituciones dominantes. Sufrió represión, encarcelamientos, asesinatos, desapariciones y otras graves violaciones a los derechos humanos. No obstante, desarrolló un trabajo político persistente y paciente que, a mediano plazo, obtuvo resultados, aunque parciales. Paradójicamente, su influencia fue mayor en el ámbito académico de nivel medio superior (universidades) que en los propios gremios laborales.
Hoy, algunos sobrevivientes de aquella izquierda, históricamente perseguida y rechazada con ecos en el populismo oficial, se integran marginados y cuasi vergonzantes al proyecto de la llamada 4T, más como un recurso instrumental que como un componente estructural del modelo político vigente. Pero el movimiento gobernante actual es, en buena medida, un resultado ecléctico de esas luchas históricas. Desafortunadamente, se encuentra hegemonizado por antiguos cuadros priistas reconvertidos, muchos de ellos formados en una cultura política marcadamente anticomunista. Aunque en determinados momentos adoptan un discurso socialista, optan con mayor frecuencia por una definición populista, pragmática y flexible, evitando confrontaciones que puedan incomodar al empresariado y/o Estados Unidos.
En un escenario de oposición partidaria fragmentada, inconsistente, el sindicalismo de clase aparece como el principal actor con potencial para representar los intereses de los trabajadores desde una perspectiva crítica y rebasando por la izquierda. Muy a pesar de que los grandes sindicatos de masas, herederos del corporativismo priista —petroleros, trabajadores al servicio del estado, de la construcción, del sector eléctrico, entre otros— se han incorporado de forma masiva al partido gobernante. Ellos, con notable habilidad, han asumido una lógica de adaptación que puede describirse como un “darwinismo sindical”: los gremios que confrontan abiertamente al empleador tienden a enfrentar mayores obstáculos que aquellos que pactan, se ajustan al entorno y aseguran su supervivencia institucional.
El caso del sindicalismo magisterial mexicano presenta, no obstante, una trayectoria particular. Desde la fundación del SNTE en la década de 1940, con el intelectual comunista Luis Chávez Orozco como su primer secretario general, la presencia de la izquierda ha sido significativa. Posteriormente, en el movimiento magisterial de finales de los años 50 en la Ciudad de México, destacó la figura del también comunista Othón Salazar. Más adelante, con la creación de la CNTE a fines de 1979, la izquierda comunista continuó desempeñando un papel relevante, pese a la constante oposición de sectores anticomunistas que, en sintonía con fuerzas reaccionarias, han buscado obstaculizar su avance.
En la coyuntura actual, marcada por el anuncio de una nueva jornada de movilizaciones del sindicalismo docente disidente (CNTE), resulta fundamental no incurrir en errores de diagnóstico. La izquierda social con capacidad de conducción enfrenta nuevamente el desafío de demostrar coherencia entre discurso y práctica. Este movimiento ha formulado propuestas alternativas que son viables y susceptibles de implementación. Corresponde también a los empleadores —que se autodefinen como de izquierda— abandonar posiciones de cerrazón y, en beneficio de la sociedad que gobiernan, ofrecer respuestas creativas y responsables.
Oaxaca.25.03.26
