Por Redacción NOTICIAS
Desde el 9 de enero de 2026, el registro obligatorio de líneas de telefonía móvil se convirtió en un nuevo requisito para millones de usuarios en México, al exigir que cada número esté vinculado con la CURP y una identificación oficial.
La medida, impulsada bajo el argumento de reforzar la seguridad pública y combatir delitos como la extorsión y el fraude telefónico, tiene consecuencias directas para quienes no cumplan con el trámite.
Las personas que ya contaban con una línea activa antes de esa fecha tienen como límite el 30 de junio para registrarla; de no hacerlo, a partir del 1 de julio su servicio será suspendido por completo, quedando imposibilitadas para realizar o recibir llamadas, enviar mensajes o utilizar datos móviles, con excepción de las llamadas de emergencia. En el caso de las nuevas líneas, el registro debe efectuarse al momento de la activación o en un plazo máximo de 30 días, pues de lo contrario el bloqueo es inmediato.
Además, la omisión prolongada podría llevar a la cancelación definitiva del número telefónico, mientras que para los usuarios con planes de renta el corte del servicio no exime del pago de mensualidades ni de adeudos pendientes. Aunque el trámite es gratuito y puede realizarse en módulos de atención o a través de plataformas digitales, implica la entrega de documentos personales y, en algunos casos, la validación de identidad mediante fotografía, lo que ha generado preocupación entre sectores que enfrentan barreras tecnológicas y administrativas.
¿Telefonía comunitaria, en riesgo?
El impacto de esta disposición ha sido especialmente alarmante para las comunidades indígenas y los proyectos de telefonía comunitaria que operan en regiones rurales del país. Dos empresas, Wiki Katat y Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias–Operador Móvil Virtual (TIC-OMV), solicitaron formalmente una prórroga al advertir que la normativa podría dejar sin comunicación a una parte significativa de su población usuaria. De acuerdo con Érick Huerta, asesor de ambos proyectos, alrededor del 22 por ciento de la población indígena carece de registro de nacimiento o no cuenta con identificación oficial vigente, lo que la imposibilita para cumplir con el trámite, vulnerando su derecho humano a la comunicación.
A este problema se suman las fallas técnicas del sistema, ya que las plataformas de registro fueron desarrolladas con rapidez y sin periodos adecuados de prueba, lo que incrementa la probabilidad de errores. Cada intento de validación tiene un costo aproximado de cuatro pesos, y cada usuario puede requerir entre dos y tres intentos, un gasto considerable para operadoras que no persiguen fines de lucro y apenas logran sostener su operación.
Para Huerta, esta situación pone en riesgo un modelo de comunicación comunitaria que nació con la intención de fortalecer la autonomía de los pueblos, impulsar la economía local, generar contenidos propios y promover un uso consciente del internet, un proyecto social que hoy enfrenta uno de sus mayores desafíos ante la rigidez de la nueva política de registro obligatorio.
