Por Redacción NOTICIAS
En la Ciudad de México, el debate sobre la reforma electoral avanza en el Congreso. Las comisiones encargadas de analizar la propuesta ya tienen sobre la mesa el proyecto de dictamen, un documento de 130 páginas que mantiene prácticamente intacta la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
El planteamiento central busca ajustar las reglas de financiamiento de los partidos, comenzando por una reducción en el presupuesto destinado al gasto ordinario. Actualmente, el cálculo se realiza multiplicando el padrón electoral por el 68 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; la reforma propone bajar ese porcentaje a 48.75, con lo que se modificaría el monto disponible para las fuerzas políticas.
Otro punto relevante es el endurecimiento de controles sobre el origen de los recursos. El dictamen plantea prohibir aportaciones en efectivo para campañas y obligar a que todas las contribuciones se realicen mediante transferencias bancarias. También se busca cerrar la puerta a financiamiento proveniente del extranjero, con el objetivo de reforzar la transparencia y evitar flujos de dinero difíciles de rastrear.
En materia de fiscalización, la propuesta amplía las facultades de las autoridades para supervisar operaciones financieras de candidatos y partidos. Instituciones de seguridad, procuración de justicia e inteligencia financiera podrían solicitar información que ayude a garantizar la integridad del proceso electoral. Además, los aspirantes estarían obligados a reportar al Instituto Nacional Electoral todos sus ingresos y egresos, incluyendo operaciones con divisas, activos virtuales y otras formas de inversión.
El dictamen deberá pasar por votación en comisiones antes de llegar al pleno de la Cámara de Diputados, donde se espera un debate intenso. De acuerdo con versiones previas, la bancada del PT ha adelantado que votará en contra de la reforma, lo que podría complicar su aprobación.
El proceso legislativo continúa y será en los próximos días cuando se defina si la propuesta avanza o enfrenta modificaciones. Mientras tanto, la discusión sobre el financiamiento político y la equidad electoral sigue en el centro de la agenda pública.
