SABINAS, Coahuila.- Se cumplió un mes del accidente en la mina El Pinabete que atrapó a 10 mineros a unos 60 metros de profundidad, cuyo rescate podría demorarse unos seis meses más con un costo de cientos de millones de pesos.
Aunque la minería de carbón es considerada la más riesgosa de todas las actividades mineras por ser un combustible en estado sólido asociado al gas que intoxica a los mineros o genera explosiones, el caso de El Pinabete, como en otros sitios donde hubo accidentes fatales, tiene tintes donde parecen intervenir la corrupción, la mezcla de intereses económicos y hasta políticos.
De acuerdo con diversos testimonios de mineros que ahí trabajaban ese miércoles 3 de agosto cerca del mediodía, el techo de la mina colapsó. "Tronó la tierra bien gacho y como que tembló", dice el minero sobreviviente Roberto Ríos, "fue demasiado aire el que aventó para afuera y en cuatro minutos se inundó todo".
Además de estar a 370 metros del cauce del Río Sabinas, una zona llena de mantos acuíferos, el sitio donde se encuentra la mina El Pinabete está rodeado por minas antiguas, algunas de más de 100 años, que, por las características de la zona, se llenan de agua.
Un productor minero consultado, quien pidió el anonimato, afirma que los mantos uno y dos, los más superficiales, estaban ya explotados en la zona por las minas antiguas y, al estar abandonados, se inundaron.
"Estas gentes se metieron al manto tres, el de más abajo, entran abajo de donde había acumulación de agua y se quiebra el techo", explica. "Los mismos mineros dijeron que era el techo, que por ahí entró el agua".
En una zona donde los vecinos que viven a unos 150 metros de la entrada del Pozo 4 sacan agua en norias de apenas 10 metros de profundidad, los mineros en El Pinabete perforaban la tierra a unos 60 metros de profundidad donde se requería que las tres bombas desaguaran las galerías las 24 horas.
"Creo que les faltó un tema de ingeniería, seguimiento y supervisión", dice el productor consultado. En la mina, que tenía más de un año en funcionamiento, no hubo una exploración previa ni supervisión por parte de Protección Civil ni de inspectores de la Secretaría del Trabajo federal.
Cristina Auberbach, defensora de derechos humanos y coordinadora de la Asociación Familia Pasta de Conchos, organización que vela por la seguridad en minas de carbón, afirma que con el actual Gobierno federal se redujo el número de inspectores de la Secretaría del Trabajo.
Apenas un año atrás, en junio de 2021, en el vecino municipio de Múzquiz, una inundación en una mina de carbón quitó la vida de siete mineros, pero nada cambió.
"Cuando sucedió la tragedia en Rancherías, en Múzquiz, donde murieron ahogados siete trabajadores, creí que se iban a tomar medidas drásticas, pero no, y ahora llegó el caso de El Pinabete y sigue la misma situación", lamenta Auberbach.
A punto de cumplirse un mes del accidente, el gobierno federal acordó con las esposas de los 10 mineros el pago de una indemnización "digna" y una obra de mina a cielo abierto que, se espera, llegue en seis meses a las galerías para rescatar los cuerpos.
Sin embargo, una de las peticiones vigentes, de las esposas y otros familiares, es que el gobierno identifique y actúe contra el dueño de la mina, una información que parece estar en una maraña.
De acuerdo con la Secretaría de Economía, el predio donde está la explotación de El Pinabete corresponde a la concesión 221087, en una superficie de 25 hectáreas perteneciente a Minera Río Sabinas.
Sin embargo, estaría operada por Compañía Minera El Pinabete, cuyo propietario, según el Registro Público de Comercio, es Rafael García Luna Acuña, con domicilio en San Pedro, Garza García, Nuevo León, un hombre relacionado con funcionarios públicos de Tamaulipas y con negocios con el Gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca.
El 11 de agosto, la FGR imputó a Cristian "S", como responsable de la mina, un hombre conocido como el yerno de "El Choco", capataz de la mina. Según los mineros, el presunto responsable no era el verdadero patrón.
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró tener información de que el que aparece como encargado de la mina, por registrar a los trabajadores ante el Seguro Social, es quizá un "prestanombres", ya que inscribió a los mineros ante el IMSS después de ocurrido el accidente.
De acuerdo con productores carboneros consultados, en sexenios anteriores, cuando el carbón se comercializaba a través de la Promotora del Desarrollo Minero de Coahuila (Prodemi), un oscuro fideicomiso manejado por el gobierno de Coahuila, con señalamientos constantes de malos manejos, les cobraba a los productores un porcentaje que se invertía en supervisiones de seguridad y equipos de rescate minero.
"Tenían departamentos de ingeniería que prestaban el servicio, iban y te supervisaban", explica un carbonero.
"Tronó la tierra bien gacho y como que tembló, fue demasiado aire el que aventó para afuera y en cuatro minutos se inundó todo". Roberto Ríos, sobreviviente
"Cuando sucedió la tragedia en Rancherías, en Múzquiz, donde murieron ahogados siete trabajadores, creí que se iban a tomar medidas drásticas, pero no, y ahora llegó el caso de El Pinabete y sigue la misma situación". Cristina Auberbach, defensora de derechos humanos
Tragedia
1 mes del accidente en la mina El Pinabete
10 mineros quedaron atrapados
60 metros de profundidad
