Al cumplirse ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, activistas de organizaciones adheridas a la Red Estatal de Víctimas de Oaxaca (REVO) “Tomás Martínez” hicieron pintas en la barda perimetral del cuartel de la 28 Zona Militar, para demandar su presentación con vida.
“Fue el ejército”, “Desencuartelen la verdad” y “Nos faltan 43”, escribieron en el muro.
Ante la presencia de los activistas, soldados del Ejército Mexicano se parapetaron en el acceso principal al cuartel para eventualmente impedir su ingreso.
Posteriormente en un mitin, donde gritaron diferentes consignas, especialmente “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!” y “¡Ayotzi vive, la lucha sigue!”, en representación de la REVO “Tomás Martínez”, el secretario de Organización de la Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha (UACOL), Lenin Pérez Gómez afirmó que la acción global por Ayotzinapa se ha centrado en los cuarteles militares porque ha quedada evidenciada la participación directa del Ejército Mexicano en la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas.
“Por eso, dejamos bien claro en nuestras consignas, fue el ejército y desencuartelen la verdad”, anotó.
De esta manera, demandó la ejecución de las órdenes de aprehensión de todos los mandos militares involucrados en este crimen de Estado.
“No queda duda de su participación”, asentó.
Pero, también requirió el encarcelamiento de los mandos políticos en la desaparición forzada de los 43 estudiantes, especialmente del ex presidente Enrique Peña Nieto.
“Queremos ver a todos en la cárcel”, recalcó.
Subrayó que este crimen de Estado fue cometido porque la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” ha formado la conciencia de clase en sus alumnos.
“De ahí, salieron los compañeros Genaro Vásquez y Lucio Cabañas”, refirió.
Ante esto, dijo que la REVO “Tomás Martínez” no olvidará la desaparición forzada de los 43 normalistas y seguirá movilizada hasta alcanzar la verdad y la justicia.
“La única ruta para ver en la cárcel a los criminales, es la movilización”, apuntó.
Mientras tanto, alumnos adheridos a la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca (CENEO) se manifestaron pacíficamente en el atrio del templo de Santo Domingo y en la Alameda de León, para también reclamar la presentación con vida de los desaparecidos.
Posteriormente, marcharon por la tarde de la fuente de Las Ocho regiones hacia el zócalo de la ciudad, donde hicieron el pase de lista de las víctimas.
Una vocera de la CENEO, reclamó que sean castigados por la desaparición forzada el ex presidente Enrique Peña Nieto, el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero y el ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
“Ellos, fueron los quienes dieron las órdenes”, afirmó.
Además, demandó igualmente la ex tradición del ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio y el general del Ejército Mexicano, José Rodríguez Pérez, por participar directamente en los hechos.
De la misma manera, reclamó que el ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam sea procesado penalmente en la cárcel y no en su casa.
“No deben quedar en la impunidad sus acciones”, apuntó.
Además, deslindó a la CENEO de cualquier grupo radical y de eventuales destrozos en la marcha.
“Exigimos nuestro derecho a manifestarnos y a la justicia de manera pacífica”, terminó.
El fantasma de las dudas
Mario Patrón, ex abogado del caso Ayotzinapa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló el jueves que “tras las conclusiones, avances y pendientes presentados en el Informe de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, a finales de agosto, la verdad sigue sin ser esclarecida”.
El abogado señaló que si bien la justicia avanza, esta no lo hace al ritmo esperado por las víctimas, razón por la que los padres de los normalistas exigen que la justicia finalmente se aplique, pues en ocho años han desfilado más de un centenar de acusados, pero todavía no existe un consenso definitivo sobre el móvil del ataque contra los normalistas y quien dio expresamente la orden del ataque.
La nueva investigación desarrollada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador apunta hacia la presunta responsabilidad de algunos mandos del Ejército mexicano en la zona de Guerrero, como el entonces coronel José Rodríguez Pérez, sin embargo, esta acusación se sostiene en presuntas declaraciones de Gildardo López Astudillo, El Gil, que de jefe de plaza pasó a convertirse en testigo, el cual tendría el nombre en clave de “Juan”.
Sobre la versión que apunta a que seis jóvenes permanecieron con vida varios días después de lo ocurrido en Iguala, no se ha presentado otra prueba más sólida que las capturas de pantalla de mensajes telefónicos.
De hecho, el militar José Rodríguez Pérez, acusado de ordenar la muerte y desaparición de los seis jóvenes retenidos por el ejército, recibió este miércoles el auto de formal prisión acusado del delito de delincuencia organizada y no por desaparición forzada, lo que despierta dudas entre quienes demandan justicia y verdad por este caso.
Desde agosto se presentó el informe de la Comisión de la Verdad y aunque coincide con la investigación del gobierno anterior en que los 43 normalistas habrían muerto, las múltiples diligencias emprendidas en lo que va del sexenio actual no han podido acreditar el punto exacto donde se habrían llevaron a cabo las ejecuciones.
En el anexo de análisis de comunicaciones telefónicas que sostuvieron los cabecillas de Guerreros Unidos la noche del 26 de septiembre de 2014, señala que entre ellos privó la confusión sobre la naturaleza de la protesta de los normalistas en Iguala, además afloraron las confrontaciones internas por las informaciones a medias que circulaban entre ellos.
La verdad que ya no es “histórica”
Según el gobierno de Enrique Peña Nieto, que llevó las indagatorias de 2014 a 2018, policías corruptos de Iguala, Guerrero, detuvieron a los estudiantes la noche del 26 de septiembre cuando se alistaban para asistir a la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México
La versión de la administración de Peña Nieto, que llamó “la verdad histórica”, indica que los agentes realizaron ataques que dejaron seis muertos en el momento y a los 43 jóvenes capturados los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero del municipio de Cocula.
Pero los familiares y una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) cuestionaron la “verdad histórica” al señalar que no pudieron quemar los cuerpos en ese lugar.
El crimen de Estado sustituyó a la “verdad histórica”
El más reciente informe de la Comisión para la Verdad presentado el pasado 18 de agosto, concluyó que la desaparición de los 43 estudiantes fue un “crimen de Estado” en el que estuvieron involucradas autoridades de todos los niveles y que no hay indicios de que estén vivos.
Pocos días después, el 26 de agosto, los padres de los jóvenes aseguraron que seguirán buscando a sus hijos con vida hasta que haya pruebas “objetivas, científicas e indubitables” de que están muertos.
Aun así, reconocieron la importancia de que el Gobierno estableciera con claridad la participación de las fuerzas armadas y otras autoridades pero recordaron que ya desde hace años las familias y diversas organizaciones venían diciendo que era un crimen de Estado.
El vacío que dejan las dos investigaciones
La gran incógnita, casi ocho años después, continúa siendo dónde están los 43 estudiantes -aunque se encontraron restos de tres de ellos-.
Pero también se desconoce, en caso de que hubieran sido ejecutados, quién fue la persona que dio la orden y cuál fue el motivo, puesto que las teorías que se manejan todavía son varias.
Tampoco se sabe con precisión si había algún vínculo entre autoridades de diferentes niveles con en arco ni, de haberlo, cuál sería.
Por último, se desconoce por qué el Gobierno de Peña Nieto creó la “verdad histórica”.
Sin olvido, sin justicia
43 estudiantes
8 años desaparecidos
“La única ruta para ver en la cárcel a los criminales, es la movilización”, Lenin Pérez Gómez, Secretario de Organización de la UACOL
