Infobae/ Animal Político
El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien actualmente se encuentra en prisión bajo la acusación de asociación delictuosa y lavado de dinero, busca obtener su libertad anticipada por buena conducta.
El pasado 15 de octubre, Duarte cumplió la mitad de su condena de nueve años en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, y solicitará una audiencia con un juez de ejecución de sanciones para solicitar su preliberación.
De acuerdo con la Ley Nacional de Ejecución Penal, la libertad condicional se le podría conceder al imputado siempre que no afronte otros procesos que ameriten prisión preventiva, y con la condición de que haya presentado buena conducta durante su tiempo en cárcel.
La ley también dicta que el acusado deberá pagar la multa o reparación de daño —establecida durante la sentencia—, acreditar que su libertad no implica un riesgo para la sociedad, víctimas o testigos que reclamaron en su contra y haber cumplido con las actividades de readaptación social en la cárcel.
El exgobernador tiene dos procesos abiertos en el fuero común de Veracruz por delitos de servidores públicos, pero en ninguno de ellos tiene impuesta la prisión preventiva justificada.
Hace una semana, el veracruzano fue aislado por sospechas de coronavirus; sin embargo, el viernes se informó que se le hicieron dos pruebas, una rápida y una PCR, y en ambas salió negativo.
Durante esos días, una persona que visitó a Duarte en el centro penitenciario dio positivo al virus, por lo que el exfuncionario fue aislado. Javier Duarte deberá esperar una semana más como lo establecen los protocolos de salubridad.
Duarte se ha presentado ante las autoridades como la víctima de un presunto grupo de delincuentes encabezado por el ex presidente, Enrique Peña Nieto (2012-2018) y el ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. De acuerdo con el ex funcionario, fueron ellos quienes los detuvieron para agradar a los votantes del Estado de México, que entonces se encontraba en elecciones.
Investigaciones periodísticas develadas por el medio Animal Político establecen que durante el gobierno de Duarte se le pagó millones a empresas para suministrar útiles escolares, alimentos y material para construcción a personas de escasos recursos; sin embargo, nunca se llevaron a cabo dichas acciones.
Las empresas —21 en total— encargadas de estos actos, tenían varios elementos en común: fueron fundadas al mismo tiempo y los socios estaban relacionados entre sí. La operación involucró el reparto de USD 35 millones.
El exfuncionario, operador principal de una trama corrupta que desvió y blanqueó cientos de millones de pesos del erario, fue detenido en Guatemala (América del Sur) el 15 de abril de 2017 y extraditado a México el 17 de julio del mismo año.
El 26 de septiembre se declaró culpable luego de negociar con la Procuraduría General de la República (hoy FGR) para obtener una pena menor. Aunque originalmente se pretendía imponerle 25 años por los delitos cometidos, al final sólo le fueron dados nueve años.
