Por David Colmenares Páramo / Colaborador
La Asamblea General de las Naciones Unidas —en el año 2003, con la adopción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC)— estableció el nueve de diciembre de cada año como el Día Internacional contra la Corrupción. Dicha fecha, además de ser un elemento simbólico a nivel global, reitera un consenso entre todos los pueblos del mundo de rechazar la corrupción, lo cual es un llamado para atajar este problema.
Esta genera pérdidas económicas estimadas en billones de dólares anuales, según informes de la ONU, y agrava las desigualdades. En países en desarrollo, es relevante avanzar en la implementación de estrategias preventivas. Por ello, políticas públicas como la fiscalización superior actúan en el control externo para la buena gobernanza; esto es, instrumentar correctos ejercicios de los recursos públicos.
La corrupción, entendida como la suma de prácticas negativas en el uso de los recursos públicos para obtener beneficios privados, no es un fenómeno aislado, sino un síntoma de fallas sistémicas en la gobernanza y en las instituciones públicas. Su impacto genera un efecto multiplicador: erosiona la legitimidad de los gobiernos, distorsiona la asignación de recursos públicos y perpetúa ciclos de pobreza. Desde la literatura especializada en el tema y desde una perspectiva académica, la corrupción puede analizarse a través de marcos teóricos como el principal medio para desviar recursos de los ciudadanos, debido a la debilidad de la rendición de cuentas.
En este sentido, la fiscalización superior adquiere un rol de primer orden. Las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) tienen la posibilidad de revertir estas prácticas, sobre todo en regiones como la nuestra. Mediante auditorías preventivas es posible reducir riesgos y mejorar los mecanismos preventivos, no punitivos, con buenas políticas administrativas. Siempre con enfoques preventivos, la fiscalización superior trasciende la visión punitiva mediante el uso correcto de los recursos públicos, incorporando herramientas que mejoren y transparenten la gestión preventiva.
A pesar del valor manifiesto del trabajo de las EFS, la fiscalización superior enfrenta desafíos. Desde la ASF hemos optado por emprender un proceso de innovación, con enfoques preventivos y la toma de decisiones eficaces para enfrentar los desafíos técnicos de la fiscalización y acercar a las instituciones con los demás entes públicos y con la sociedad.
Por ejemplo, la digitalización y la incorporación de auditorías basadas en Big Data e inteligencia artificial. Además, es esencial la cooperación con otras EFS, como lo hacemos con OLACEFS e INTOSAI.
El marco del Día Internacional contra la Corrupción es pertinente para revitalizar la agenda de atención a problemas públicos complejos como la corrupción. Su presencia es un recordatorio oportuno para atender y definir agendas conjuntas entre las EFS de los países y también a nivel de las entidades federativas. Es una prioridad el fortalecimiento de instituciones como las EFS, a partir de la inversión en capacitación y tecnología, para transitar de un enfoque reactivo a uno proactivo y basado en la prevención.
Sí, la fiscalización superior, con su énfasis en la prevención, representa una herramienta indispensable para construir sociedades transparentes. Al promover la rendición de cuentas a partir de la información generada en la fiscalización, las EFS previenen la corrupción, al tiempo que restauran la confianza en las instituciones.
