El asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta no sólo permanece sin una explicación plenamente convincente: permanece bajo administración política.
Treinta años después, el caso no es un expediente cerrado ni un misterio irresuelto. Es algo más incómodo: un proceso que ha sido abierto, cerrado y reabierto según las necesidades del poder, sin que en ningún momento se haya alcanzado una verdad capaz de sostenerse por sí misma.
La versión oficial —la del asesino solitario, Mario Aburto Martínez— nació debilitada. No por falta de pruebas en sentido estricto, sino por la forma en que se construyó el caso: líneas de investigación descartadas con rapidez, testimonios contradictorios, evidencia cuestionada.
Ese origen defectuoso es lo que explica por qué, décadas después, el expediente sigue siendo jurídicamente vulnerable. La intervención reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revisar aspectos clave de la sentencia no es un hecho menor: implica que ni siquiera el andamiaje legal del caso es incuestionable.
Más aún, los intentos de la Fiscalía General de la República por reactivar la hipótesis de un segundo tirador terminaron exhibiendo la precariedad de la investigación original. Las órdenes de captura, las filtraciones y su posterior desmoronamiento judicial no aclararon el caso: lo volvieron más incierto.
En cualquier sistema democrático, la duda es legítima. Lo que resulta excepcional —y profundamente preocupante— es su persistencia estructural.
El caso Colosio ha tenido todo lo que un Estado puede desplegar: fiscalías especiales, comisiones, peritajes internacionales, revisiones judiciales. Y, sin embargo, no ha logrado producir una narrativa que cierre el debate público.
Eso no ocurre por exceso de sospechas, sino por déficit de credibilidad.
Conviene recordar el momento: 1994 no era un año cualquiera. Era el punto de mayor tensión del sistema político mexicano en el siglo XX reciente. El levantamiento del EZLN, la fragilidad económica, las disputas internas dentro del PRI y el discurso de ruptura de Colosio configuraban un escenario inestable.
El mensaje del 6 de marzo —con su crítica abierta a la desigualdad y al poder— no fue una anécdota. Fue una señal de que algo se estaba moviendo dentro del propio régimen.
El asesinato, en ese contexto, no sólo eliminó a un candidato. Eliminó una posibilidad política.
Y esa dimensión —la del crimen como hecho político— es la que la versión oficial nunca logró integrar de forma convincente.
Cada vez que el caso regresa a la agenda pública, lo hace envuelto en promesas de esclarecimiento. Pero los resultados han sido consistentes en un punto: no hay cierre.
La reaprehensión de supuestos implicados, las nuevas líneas de investigación y las declaraciones oficiales generan expectativa, pero no resolución. El caso se reactiva, pero no avanza.
Esto plantea una hipótesis incómoda: que el expediente funciona más como un recurso político que como una investigación orientada a la verdad.
El problema de fondo no es que no se sepa todo. Es que lo que se sabe no alcanza para sostener una verdad creíble.
Y en ese vacío, el Estado ha optado por una estrategia implícita: administrar la incertidumbre. Mantener el caso abierto lo suficiente para evitar su cierre definitivo, pero sin resolverlo de manera concluyente.
Esa lógica tiene un costo: erosiona la confianza pública y convierte un crimen histórico en una herida institucional permanente.
El caso Colosio revela un límite que México no ha logrado superar: la dificultad para investigar con autonomía real cuando el poder está implicado, directa o indirectamente.
No se trata sólo de 1994. Se trata de una constante: cuando los casos tocan estructuras profundas, la verdad se vuelve negociable.
Por eso el expediente sigue abierto, pero no vivo. Activo, pero no resuelto.
Colosio no es únicamente memoria histórica. Es una prueba vigente.
Mientras no exista una explicación sólida, verificable y aceptada públicamente, el caso seguirá operando como un recordatorio incómodo: el de un Estado que puede investigar durante décadas sin lograr convencer.
Y en política, la falta de verdad no se llena con versiones. Se llena con desconfianza.
