Pueblos indígenas y organizaciones civiles de Oaxaca y de otras entidades crearon la Unión de Movimientos por la Regulación Empresarial para la Defensa de los Derechos Humanos (UMREDDH), con el propósito de impulsar reglas obligatorias para que las empresas en México protejan los derechos humanos y el ambiente.
Esta articulación nacional comunitaria, que reúne a grupos afectados de 15 estados con el respaldo de más de 150 comunidades y más de 80 organizaciones, colectivos y redes, surge ante la falta de control efectivo sobre el poder empresarial en el país.
Durante el evento, se presentó un pronunciamiento donde se advierte que actualmente en México no existe una obligación legal clara que obligue a las empresas a prevenir, mitigar y reparar los daños que generan.
“Hemos vivido abusos y violaciones a nuestros derechos humanos, desde las infancias hasta adultos mayores. Hemos enfrentado enfermedades, muerte, marginación, discriminación y despojo; daños a nuestro territorio y a la vida comunitaria. Son ya décadas sin que veamos acciones efectivas que nos den justicia y reparación”, afirmó Marta Aguirre, representante de los Comités de Cuenca Río Sonora.
Mientras tanto, Ivette Pichardo, representante de Conductores por Juárez, sostuvo que la falta de supervisión convierte los derechos en sólo una sugerencia.
“¿Nuestra exigencia? Soluciones con un rostro humano. No basta que existan sindicatos o leyes de papel. Exigimos que las empresas asuman su responsabilidad frente a derechos humanos de manera obligatoria”, agregó.
Las voceras de la UMREDDH afirmaron que esta situación ha derivado en afectaciones a la salud, al agua, al ambiente, al trabajo digno y a la vida comunitaria, así como la implementación de proyectos empresariales sin consulta a las comunidades.
Además, afirmaron que su exigencia no es contra la inversión, sino contra un modelo sin reglas claras para la protección de derechos.
“Compartimos una realidad común: estamos siendo directamente afectados y afectadas por la falta de control sobre el poder empresarial y sus abusos constantes, sistemáticos e impunes, contra nuestros derechos y al ambiente. No estamos en contra del desarrollo ni del trabajo de las empresas, exigimos un desarrollo que no viole nuestros derechos ni destruya la vida”, señaló Magdalena Navarro, defensora y ejidataria de Tulimán, en la Sierra Norte de Puebla.
De esta manera, plantearon la necesidad de establecer un marco legal obligatorio de prevención y responsabilidad empresarial, que permita evitar daños antes de que ocurran, garantizar la participación de las comunidades y asegurar mecanismos de rendición de cuentas. También, destacaron que la falta de regulación genera incertidumbre y conflictos, por lo que establecer reglas claras beneficiaría tanto a las comunidades como a las empresas.
“Esta articulación no viene solo a dar testimonio del daño. Viene a reclamar su lugar como un sujeto político legítimo que exige que el Estado ponga, por fin, el bien común por encima de los intereses particulares”, aseveró Alexandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México y representante del Grupo Focal de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos.
“La participación de las personas titulares de derechos y de las comunidades afectadas en los procesos de empresas y derechos humanos es fundamental. Resulta clave darle
La UMREDDH hizo un llamado a los Tres Poderes del Estado avanzar en una regulación que garantice el respeto a los derechos humanos y al ambiente en las actividades empresariales, con su participación y urgen que se establezca una mesa de trabajo con estos movimientos para avanzar colaborativamente en dicha regulación.
“Buscamos abrir mesas de trabajo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con las cámaras de Senadores y Diputados y con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque es importante que escuchen lo que vivimos, padecemos y proponemos. Es importante crear ese marco normativo que nos permita a los pueblos vivir con tranquilidad”, expresó Arturo González, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).
