La propuesta de Reforma Electoral 2026 presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo plantea cambios de fondo en la estructura del Congreso, el financiamiento político y el modelo de organización electoral en México.
Entre las modificaciones más relevantes está la reducción del Senado de 128 a 96 integrantes, eliminando la lista nacional de representación proporcional para que cada senador represente directamente a una entidad federativa.
En la Cámara de Diputados se mantendrían los 500 escaños, pero los 200 de representación proporcional ya no surgirían de listas cerradas de partido, sino que serían asignados a los candidatos que, sin ganar su distrito, obtengan los mejores resultados, transformando el esquema tradicional de los llamados “plurinominales”.
En México existe una fuerte crítica hacia los legisladores plurinominales, es decir, aquellos que llegan al Congreso sin haber competido directamente por el voto ciudadano. Las observaciones suelen centrarse en perfiles con poca experiencia legislativa o vínculos con cúpulas partidistas, así como en figuras provenientes del espectáculo.
Casos ampliamente comentados son los de artistas y deportistas que ocupan estos cargos sin una carrera política previa sólida.
Otra vertiente de las críticas apunta a los llamados “líderes eternos” y estructuras partidistas que aseguran escaños sin competir en elecciones de mayoría relativa.
En este contexto, la Reforma Electoral 2026 busca modificar el sistema de representación para que los espacios plurinominales no dependan exclusivamente de designaciones partidistas, sino de resultados electorales.
La iniciativa también contempla un recorte de 25% al gasto electoral y al financiamiento público ordinario de los partidos, así como un ajuste salarial para que los consejeros del Instituto Nacional Electoral no perciban más que la titular del Ejecutivo federal. En materia de control y tecnología, propone fortalecer la fiscalización en tiempo real de recursos de campaña, prohibir el uso de bots e inteligencia artificial con fines de manipulación electoral y reducir los tiempos oficiales en radio y televisión durante campañas. Además, impulsa mecanismos de democracia directa como adelantar la revocación de mandato a 2027, reforzar consultas populares en los tres niveles de gobierno y facilitar el voto de mexicanos en el extranjero. Para que estos cambios apliquen en las elecciones intermedias de 2027, la reforma deberá aprobarse y publicarse antes de junio de 2026, conforme a los plazos constitucionales.
